Desde la Revolución Francesa, la concepción en Francia de la separación de poderes ha estado dominada por la desconfianza hacia los jueces y la confianza en la ley. En este contexto histórico complejo, en 1958 se creó el Consejo Constitucional y se ha ido desarrollando a lo largo de 65 años hasta la introducción de un control a posteriori de la constitucionalidad de la ley. Por todo ello, la organización, composición y percepción del Consejo Constitucional siguen siendo predominantemente políticas, a pesar de los avances hacia una mayor “judicialización”. El reto para el Consejo Constitucional es, por tanto, intentar superar estas limitaciones del pasado, con el fin de cumplir plenamente su papel de contrapeso y de guardián de los derechos y libertades, por ejemplo, en momentos de crisis o para resolver cuestiones medioambientales. En el futuro, el Consejo Constitucional se tendrá que enfrentar inevitablemente a problemas sociales y a la cuestión de la efectividad de los derechos sociales, así como a las consecuencias del progreso científico y a nuevas reivindicaciones relativas, por ejemplo, a la inteligencia artificial, los algoritmos, los animales o los robots.
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