La sistemática política de represión de las ciencias sociales que comenzó a implementarse desde 1974 en las universidades argentinas atravesó momentos de variada intensidad pero también de distinto tratamiento y enfoque. En el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata se fueron eliminando progresivamente diferentes carreras (como antropología, sociología y ciencias políticas), definidas abiertamente como disciplinas que alentaban las prácticas “subversivas”. Tras el golpe de estado de 1976, el gobierno dictatorial completó el proceso represivo con argumentos similares, aunque de forma paulatina fue incorporando otras premisas de orden "técnico" para justificar los cierres y las negativas a reabrir esas mismas carreras ante eventuales y aisladas inquietudes. En efecto, los funcionarios civiles que designó el gobierno militar en la universidad marplatense dejaron de hacer mención al peligro “subversivo”, para adoptar un discurso cuyos tópicos salientes insistían en el diseño de políticas de eficiencia de recursos y de vinculaciones con el medio laboral. Todo ello estuvo enmarcado en una política nacional de disminución presupuestaria y de eliminación de “carreras menores” que implicaba, por ejemplo, la implementación del sistema de cupos de ingreso.
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