Resumen de Las obligaciones de registro documental e información sobre hospedaje y alquiler de vehículos a motor en españa a la luz de la normativa europea sobre protección de datos

Alejandro Corral Sastre

• español

  Se analiza en el presente trabajo la adecuación a la legislación europea sobre protección de datos del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. Estas obligaciones impuestas a los prestadores de estos servicios en virtud de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, se basan en una imprecisa y difusa razón de seguridad pública que no justifica el tratamiento masivo y sistemático de toda la información sin discriminación alguna. Sobre todo, cuando lo que se pretende evitar son las formas de delincuencia más graves, esto es, terrorismo y delincuencia organizada. La más reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige el cumplimiento estricto de los principios de minimización y proporcionalidad en el tratamiento de datos con fines policiales que no cumple la citada norma reglamentaria.

• English

  This paper analyses the compliance with European legislation on data protection of Royal Decree 933/2021, of 26 October, which establishes the do-cumentary registration and information obligations of natural or legal persons who provide accommodation and motor vehicle rental services. These obligations imposed on the providers of these services by virtue of Organic Law 4/2015, of 30 March, on the protection of public safety, are based on a vague and diffuse public safety reason that does not justify the massive and systematic processing of all information without any discrimination whatsoever. Especially when the aim is to prevent the most serious forms of crime, i.e. terrorism and organised crime. The most recent case law of the Court of Justice of the European Union requires strict compliance with the principles of minimisation and proportionality in the processing of data for law enforcement purposes, which the aforementioned regulation does not comply with.