Cádiz, España
Este artículo analiza la regulación de la indemnización por despido improcedente en España a la luz de la Carta Social Europea y las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Se expone la problemática del actual modelo indemnizatorio español, que, al basarse exclusivamente en la antigüedad y el salario del trabajador, no ofrece una compensación adecuada a los trabajadores más vulnerables en el mercado de trabajo. Además, se critica la predictibilidad absoluta del sistema de indemnización, que ha convertido al despido improcedente en un mecanismo normalizado para la gestión de las plantillas, vaciando de contenido el derecho humano a no ser despedido sin justa causa.
En respuesta a estas deficiencias, el trabajo propone una revisión profunda del sistema de cálculo de indemnizaciones, sugiriendo la implementación de un modelo más flexible, pero al mismo tiempo estructurado y equilibrado. Para ello, se propone dividir la indemnización en tres componentes: el lucro cesante derivado de la pérdida del empleo –al que se le debe aplicar la indemnización por despido objetivo procedente–, los daños morales vinculados a la antijuricidad del despido –que deben ser suficientemente disuasorios– y los perjuicios acreditados fehacientemente que no puedan subsumirse en las categorías anteriores.
This article analyzes the regulation of compensation for unfair dis-missal in Spain in light of the European Social Charter and the decisions of the Euro-pean Committee of Social Rights. It discusses the problems with the current Spanish compensation model, which, by basing itself exclusively on the seniority and salary of the worker, fails to provide adequate compensation to the most vulnerable work-ers in the labor market. Additionally, the absolute predictability of the compensation system is criticized, as it has turned unfair dismissal into a normalized mechanism for managing staff, emptying the human right not to be dismissed without just cause of its substance.In response to these deficiencies, this work proposes a profound revision of the compensation calculation system, suggesting the implementation of a more flexi-ble, yet structured and balanced model. To this end, it is proposed to divide the compensation into three components: the loss of earnings derived from the loss of employment—to which the compensation for objective fair dismissal should be applied—the moral damages linked to the unlawfulness of the dismissal—which should be sufficiently deterrent—and the verifiably proven damages that cannot be subsumed under the previous categories.
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