Los jueces españoles han tocado a rebato. Consideran que la sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial al magistrado Donato Andrés Sanz es un ataque directo a la médula de su independencia y afirman que la resolución disciplinaria "tiene todos los visos de una escandalosa desviación de poder". De ahí a imputarle al Consejo un delito de prevaricación hay sólo un paso. Pero el cruce de acusaciones y amenazas entre la Magistratura y el órgano que la gobierna viene de antiguo. Casi desde que se decidió la elección política de los miembros del Consejo. Mientras, el ciudadano -el "justiciable" contempla atónito una querella envuelta en argumentaciones jurídicas de difícil comprensión y concluye por opinar, al menos así lo dicen las encuestas, que la Justicia es lo que peor funciona en España, después de la Sanidad.
© 2001-2025 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados