Tercerización laboral: una práctica prohibida en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores (2012)

• Autores: María Gabriela Mujica
• Localización: Revista sobre relaciones industriales y laborales, ISSN 0798-197X, Nº. 48, 2012 (Ejemplar dedicado a: Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales)
• Idioma: español
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  • El Decreto Nro. 8938 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6076 Extraordinario, el 07 de mayo de 2012, prohíbe expresamente la tercerización, y en general toda simulación o fraude cometido por patronos o patronas, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. En este estudio se hace un análisis teórico documental de los artículos de la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT) referentes a esta figura, a su definición, así como a su relación con la simulación y fraude, a los supuestos de hechos que la configuran y están expresamente prohibidos, finalizando con algunas conclusiones y reflexiones sobre el alcance futuro de la disposición legal que la prohíbe expresamente.Labor outsourcing: a practice prohibited by the Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores (2012)The Decree No. 8938 with Rank, Value and Force Labor Law (Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores-LOTTT) published in Official Gazette of the Bolivarian Republic of Venezuela No. 6076 Extraordinary, on May 7, 2012, expressly prohibits outsourcing and, in general, any simulation or fraud committed by employers * in order to distort, ignore or impede the implementation of labor laws. This study makes a documental and theoretical analysis of the articles of the new Labour Law ( LOTTT ) relating to outsourcing, its definition and its relation with simulation and fraud, the factual assumptions that shape it and those expressly forbidden, ending with some conclusions and reflections on the future of the statutory provision that expressly prohibits the practice of outsourcing.