Resumen de Desafíos de la protección de los datos personales en el ámbito penal europeo
- español
La evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos desafíos en la protección de datos personales, especialmente con motivo de la prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos. La Directiva (UE) 2016/680 y su transposición en el ámbito interno por LO 7/2021 promueven la colaboración tecnológica entre autoridades para combatir el terrorismo y prevenir la delincuencia, facilitando la libre circulación de datos personales y garantizando su protección. Antes de la Directiva, la diversidad legislativa dificultaba la cooperación judicial y policial, que ahora, se ha superado, aunque surgen nuevos desafíos. La actual Directiva armoniza las normas de protección de datos en la UE, aunque con un umbral más bajo que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y excluye de su ámbito de aplicación actividades de seguridad nacional y política exterior. A pesar de sus limitaciones, el marco jurídico actual supone un esfuerzo crucial por equilibrar seguridad pública y protección de datos. Su efectividad dependerá de las distintas implementaciones nacionales y de la actuación de los tribunales nacionales y del propio TJUE.
- English
Technological evolution and globalization have posed new challenges in the protection of personal data, especially for the prevention, investigation and prosecution of crimes. Directive (EU) 2016/680 and its internal transposition by LO 7/2021 promote technological collaboration between authorities to combat terrorism and prevent crime, facilitating the free circulation of personal data and guaranteeing its protection. Before the Directive, legislative diversity made judicial and police cooperation difficult, which has now been overcome, although new challenges arise. The current Directive harmonizes data protection rules in the EU, although with a lower threshold than the GDPR and excludes national security and foreign policy activities from its scope. Despite its limitations, the current legal framework represents a crucial effort to balance public security and data protection. Its effectiveness will depend on the different national implementations and the actions of the national courts and the CJEU itself.
