Para conocer el primer censo poblacional de Bosnia y Herzegovina después de la guerra han hecho falta más de dos décadas en las que los desencuentros políticos han minado todo intento de llevar a cabo una actualización normalizada de los datos estadísticos, anclándolos en un debate etnificado. Previsiblemente, tras las barricadas etnopolíticas subyace el miedo a perder el actual equilibrio de poderes basado en cuotas de representación de cada pueblo constituyente (serbios, croatas y bosniacos), pero lo que ha destapado el nuevo censo que finalmente se ha podido conocer en 2016, es una realidad a la que aún cuesta enfrentarse; territorios étnicamente homogéneos, aquellos que se marcaron en los planos de ejecución de la denominada limpieza étnica, la desaparición de la población debido a las migraciones forzosas y a las bajas civiles, pero sobre todo, el hecho de afrontar con datos el fracaso de las políticas de retorno de refugiados y desplazados, una obligación suscrita por todas las partes en el Acuerdo de Paz de Dayton bajo el Anexo 7, y cuya falta de implementación deja el escenario perfecto para la implosión del Estado.
In order to know the results of the first population census in Bosnia and Herzegovina after the war, it took more than two decades in which political disagreements have undermined any attempt to carry out standardized update of the statistical data, anchoring them in a politically ethnified debate. Predictably, behind the ethnopolitical barricades lies the fear of losing the current balance of power based on representation quotas of each constituent nation (Serbs, Croats and Bosniaks), but what has uncovered the new census that has finally been known in 2016, it is a reality that is still hard to face; ethnically homogenous territories, those that were marked in the execution plans of the so-called ethnic cleansing, the disappearance of the population due to forced migration and civilian casualties, but above all, the fact of confronting the data regarding the failure of the policies of return of refugees and displaced persons, an obligation undertaken by all the signatories of the Dayton Peace Agreement under Annex 7, and whose lack of implementation leaves the perfect scenario for the implosion of the State open.
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