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Los 6402 “falsos positivos” como crímenes de Estado en Colombia y su relación con los crímenes de lesa humanidad

  • Autores: Henry Torres Vásquez, Omar Huertas Díaz
  • Localización: Jurídicas, ISSN-e 1794-2918, Vol. 20, Nº. 2, 2023 (Ejemplar dedicado a: Julio-Diciembre), págs. 100-121
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • The 6402 “false positives” as State crimes in Colombia and their relationship with crimes against humanity
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Han sido muchos los delitos ejecutados con ocasión y en desarrollo del conflicto armado colombiano por parte de agentes del Estado, en este siglo estos se especializaron en la comisión, especialmente de homicidios en persona protegida, en los que los culpables fueron integrantes del ejército colombiano. Este artículo determina las conductas punibles que se designan en este país como crímenes de Estado y cómo debe ser el tratamiento penal de las mismas al ser efectuadas por soldados rasos o mandos medios que se confabularon con civiles y otros agentes estatales para procurar dejar en la impunidad, particularmente desapariciones forzadas de personas y miles de homicidios. Estos crímenes se materializan en medio de un Estado que en lugar de salvaguardar derechos los limita, los cercena, y en consecuencia las posibilidades de hacer justicia son lejanas, lo que pone de manifiesto un terror estatal en el que diferentes gobiernos han concebido al menos por omisión como parte de su política de seguridad una multiplicidad de crímenes respecto de jóvenes indefensos que no pertenecían a ningún grupo guerrillero, pertenecientes a estratos populares que eran mostrados por la fuerza pública colombiana a través de los medios de comunicación como guerrilleros dados de baja en combates. Este escrito concluye que al examinar estas conductas se encuentra que no fueron hechos aislados, que los crímenes presentan una generalidad y sistematicidad y otras particularidades que, al ser un tipo de violencia estructural, se pueden tipificar como crímenes de lesa humanidad. Lo que fusionado con lo señalado por la Jurisdicción Especial para la Paz que ha encontrado que son 6402 los muertos presentados como bajas ilegítimamente presentadas en combate en el que sus autores o participes son integrantes del ejército colombiano, lleva a deducir que deben ser tipificados como crímenes perseguidos interna e internacionalmente.

    • English

      There have been many crimes carried out on the occasion and in development of the Colombian armed conflict by State agents, in this century they specialized in the commission especially of homicides in protected person in which the culprits were members of the Colombian army. This article determines the punishable behaviors that are designated in this country as State crimes and how they should be treated criminally when they are carried out by low-ranking soldiers or middle managers who colluded with civilians and other state agents to try to leave them in impunity. particularly forced disappearances of people and thousands of homicides. These crimes materialize in the midst of a State that, instead of safeguarding rights, limits them, curtails them, and consequently the possibilities of doing justice are remote, which reveals a state terror in which different governments have conceived at least for omission as part of its security policy a multiplicity of crimes against defenseless youths who did not belong to any guerrilla group, belonging to popular strata who were portrayed by the Colombian public force through the media as guerrillas killed in combat. This writing concludes that when examining these behaviors, it is found that they were not isolated events, that the crimes present a generality and systematicity and other particularities that, being a type of structural violence, can be classified as crimes against humanity. What, combined with what was indicated by the Special Jurisdiction for Peace, which has found that there are 6,402 deaths presented as casualties unlawfully presented in combat in which the perpetrators or participants are members of the Colombian army, leads to the deduction that they should be classified as crimes. persecuted internally and internationally.


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