El sistema de financiación sobre el que se asienten las acciones de representación o colectivas (fundamentalmente las resarcitorias) es uno de los aspectos centrales que puede determinar el éxito, pero también el fracaso, de este instrumento en la práctica. En este trabajo analizaremos los dos grandes modelos de legitimación y financiación (liberales y conservadores) que hasta el momento han imperado en los ordenamientos jurídicos de corte anglosajón y continental; para analizar seguidamente los problemas que ha generado en España la instauración del modelo conservador, obstáculos éstos que en nuestra opinión han tenido un gran impacto en la ineficacia de las acciones colectivas en nuestro Estado. Por último, analizaremos desde una perspectiva crítica la propuesta de reforma que contempla a este respecto el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Publico de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, con el propósito de transponer al ordenamiento español la Directiva 2020/1828, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.
The financing of representative or collective actions (mainly compensatory actions) is one of the central aspects that can determine the success, but also the failure, of this instrument in practice. In this paper, we will analyse the two main models of legitimation and financing (liberal and conservative) that have prevailed in Anglo-Saxon and continental legal systems to date. We will then analyse the problems generated in Spain by the establishment of the conservative model, obstacles which, in our opinion, have had a major impact on the ineffectiveness of collective actions in Spain. Finally, we will analyse from a critical perspective the proposed reform contemplated in this respect in the Organic Law Project on collective actions for the protection and defense of the rights and interests of consumers and users, with the aim of transposing Directive 2020/1828 of 25 November 2020 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers into Spanish law.
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