Este artículo problematiza las dificultades que genera la idea de un tercer sector de la comunicación en relación con las posibilidades y limitaciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), y fundamenta la necesidad de un tratamiento diferenciado para las radios y televisoras alternativas, populares y comunitarias dentro de la categoría sin fines de lucro. ¿En qué medida la intervención estatal condicionará la evolución de la alternatividad?
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