El presente artículo analiza las transformaciones producidas en los modos de relación entre Estado y docencia entre 1884 –año en que se sanciona la Ley n° 1420 de Educación Común– y 1958, cuando lo hace el Estatuto del Magisterio, el cual establece una regulación laboral con efectos pedagógicos profundos y persistentes hasta la actualidad. Se parte de considerar que la institucionalización del docente como funcionario del Estado fue temporalmente diferente a la de su reconocimiento como trabajador. Se propone como hipótesis, que los Estatutos cristalizan un nuevo modelo laboral, construido sobre la base y redefinición de múltiples regulaciones elaboradas durante décadas anteriores, con efectos en la enseñanza, que transforman los modos existentes de relación entre Estado y docencia. Con ellos, emerge un modelo organizado en torno a los principios de mérito, verticalidad e individualidad, en el cual, durante más de sesenta años, se disoció la consideración simultánea de las condiciones laborales docentes y sus implicancias pedagógicas. En este marco, la categoría de trabajo de enseñar (Gutiérrez, 2014) posibilita considerar simultáneamente las dimensiones laborales y pedagógicas de la transmisión educativa institucionalizada por el Estado. Como singularidad del proceso analizado, se trata especialmente, lo sucedido durante la década del 50 en la sanción e implementación de los estatutos en la provincia de Córdoba.
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