El principio de la responsabilidad de las empresas por los daños causados por sus actividades, incluidas las gestionadas en la cadena de valor en el extranjero, se basa en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este principio se consagra en normas como las que garantizan a las víctimas de violaciones de derechos fundamentales causadas por una empresa situada en un país del Sur Global el acceso a la justicia en el país donde se encuentra la empresa que encabeza la cadena de actividades. La competencia de la autoridad judicial del país occidental garantiza la previsibilidad, una mejor evaluación de los riesgos de la actividad de la empresa y neutraliza el dumping socioambiental.
La existencia de una amplia gama de normativas jurídicas afecta a todas las empresas que, debido a sus actividades, se ven obligadas a pagar indemnizaciones, en particular las que se desarrollen en el mercado de trabajo en el extranjero. El 25 de julio de 2024 entró en vigor una directiva europea (2024/1760) sobre la responsabilidad de las empresas. El objetivo de la directiva es garantizar que las empresas incluidas en su ámbito de aplicación identifiquen y prevengan los impactos negativos de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente, dondequiera que tengan lugar, y contrarrestar su capacidad de aprovechar la diversidad legislativa para hacer negocios. La directiva es un instrumento bienvenido para regular la responsabilidad de las empresas. Sin embargo, aun celebrando la consagración del principio de responsabilidad de las empresas por la directiva, se sugiere que algunas de sus soluciones y planteamientos puedan modificarse o mejorarse en el futuro.
the principle of corporate responsibility for harm caused by companies’ activities, including those managed in the value chain abroad, is based on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. This principle is enshrined in principle of corporate liability for damages related to the operation of business activity is now enshrined in several national legislations, such as those guaranteeing victims of fundamental rights violations access to justice in the country where the company at the top of the value chain is located, even when the damage has been caused by a company located in a country of the Global South. The jurisdictional power given to judicial authorities of Western countries ensures predictability, a better assessment of the risks of the company’s activity and neutralises socio-environmental dumping.
A European directive (2024/1760) on corporate responsibility came into force on 25 July 2024. The aim of the directive is to ensure that the companies falling within its scope identify and prevent the negative impacts of their activities on human rights and the environment, wherever they take place, and to counterbalance their ability to take advantage of legislative diversity to do business. The directive is a welcome instrument to regulate corporate liability. However, while welcoming the consecration of the principle of corporate liability by the directive, it is suggested that some of its solutions and approach may be changed or improved in the future.
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