El sector de la economía social o solidaria se encuentra regulado en los ordenamientos jurídicos colombiano y español a partir de diversos instrumentos normativos que lo asocian, en el primer caso, al desarrollo de actividades sin ánimo de lucro. Forman parte de este sector, entre otras organizaciones, las denominadas cooperativas financieras. El presente trabajo pretende realizar un análisis comparativo de los principales aspectos regulatorios aplicables a estas entidades en uno y otro ordenamiento, con el fin de ubicarlas dentro de las organizaciones de la economía social e identificar posibles modificaciones normativas que permitan que el mismo sector pueda operar de una manera más eficiente y con más cobertura en el mercado colombiano. Del análisis realizado se concluye que para esta finalidad es necesario ajustar el funcionamiento de las cooperativas financieras adaptándolo al concepto de economía social, permitir en ellas la participación de personas mercantiles, ajustar los capitales mínimos a contextos territoriales, implementar sistemas institucionales de protección y permitir la ejecución de las demás operaciones habilitadas a los establecimientos de crédito.
The solidarity economy sector is regulated in the Colombian and legal system through various regulatory instruments that associate it, in the first case, withthe development of nonprofit activities. This sector includes, among other organizations, the so-called financial cooperatives. This paper seeks to make ancomparative analysis of the main regulatory aspects applicable to these entities in both legal systems, in order to place them within the organizations of the social economy and identify possible regulatory changes that allow the same sector to operate more efficiently and with more coverage in the Colombian market. From the analysis carried out, it is concluded that it is necessary to adjust the functioning of financial cooperatives by adapting it to the concept of the social economy, allowing business concerns to participate, adjusting the minimum capital to territorial contexts, implementing institutional systems of protection and permitting the execution of other operations authorised for credit institutions.
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