Las acciones colectivas constituyen una garantía fundamental para la defensa de los derechos de usuarios y consumidores al permitir conforme su diseño constitucional, que amplios legitimados del sector social y del estado, y los propios sujetos involucrados, agrupen reclamos que individualmente sería dificultoso e impráctico llevar a decisión judicial. La discusión sobre su organización procesal en la Argentina lleva inconclusa treinta años y la Ciudad de Buenos Aires ha dado el primer paso en su formulación de la forma que describimos en este trabajo.
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