Con su posición estratégica en el mapa global, España emerge como un epicentro vital en la lucha contra el tráfico de drogas. Además de enfrentarse a la entrada de sustancias ilícitas en su territorio, se establece como el principal punto de acceso a toda Europa. Este escenario desencadena un constante torrente de operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes a lo largo de sus costas, desde Galicia, donde la cocaína entra en escena, hasta las regiones de Andalucía y el Levante, que se ven inundadas de hachís. Con el propósito de poner freno a esta actividad delictiva, el gobierno español optó por reformar la legislación sobre contrabando, extendiendo su alcance para incluir las embarcaciones semirrígidas de alta velocidad como género prohibido. Esta medida ha planteado un desafio considerable para las organizaciones criminales, quienes han tenido que adaptarse a una nueva realidad.
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