Gobierno central, Gobierno autonómico de Madrid, UGT... Todos eran conocedores de la tropelía que se estaba cometiendo en la cooperativa de viviendas PSV, pero nadie lo impidió, nadie se preocupó de denunciar los hechos, ni de exigir que se auditara la gestión para depurar responsabilidades. El juez Moreiras, que había enviado a Carabanchel a Carlos Sotos, ha vuelto a hacer lo mismo con Paulino Barrabés, y detrás vienen Sebastián Reyna, secretario de Finanzas de UGT, y el propio Nicolás Redondo...
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