De sobra es sabido que la doctrina española ha rechazado la consideración de la jurisprudencia como fuente directa del Derecho, y en este mismo sentido se ha manifestado el propio Código civil. Sin embargo, la Constitución de 1978 y el sistema jurídico subsiguiente han puesto las bases para una diferente valoración de la jurisprudencia constitucional como fuente del Derecho.
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