Ha sido reseñado en:
Ángel Arias Domínguez (res.)
Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, ISSN 2386-8090, ISSN-e 2386-8112, Nº. 54, 2019, págs. 124-125
José Antonio González Martínez
Revista española de derecho del trabajo, ISSN 2444-3476, Nº. 220, 2019, págs. 385-389
El recurso a la externalización productiva (outsourcing) se ha convertido en una modalidad habitual de organización y gestión de la actividad económica en los últimos tiempos, tanto en la empresa privada como en el sector público. A ello ha contribuido de forma destacada la proliferación de un peculiar subtipo de empresa auxiliar, la empresa multiservicios o de gestión integral, caracterizada por la versatilidad de su objeto social, circunstancia que le permite comprometer la realización de un extenso repertorio de tareas consideradas accesorias o complementarias, por lo general de escaso valor agregado (limpieza, vigilancia, mantenimiento, conserjería, información…) y ello en condiciones sumamente ventajosas para las empresas principales o clientes, que por esta vía consiguen eludir (muchas veces en fraude de ley) el sistema de obligaciones y responsabilidades exigible a los empleadores directos.
Las empresas multiservicios constituyen un importante desafío para el Derecho del Trabajo, que todavía no ha brindado una respuesta institucional adecuada a la intensa precarización (inestabilidad, bajos salarios…) que este modelo de negocio está suponiendo para el estatuto jurídico del trabajador subempleado.
Este cuaderno analiza los factores que han propiciado la extensión en el tráfico jurídico de las empresas multiservicios así como sus efectos sobre estatuto jurídico de los trabajadores subcedidos, incidiendo en los numerosos problemas que plantea su existencia y funcionamiento: diferenciación entre genuinas contratas y cesión ilegal de mano de obra, solapamiento funcional con ETTs, determinación del régimen convencional aplicable, sucesión de contratas y subrogación de plantillas. El estudio concluye con una serie de propuestas, a implementar por el legislador y por la negociación colectiva, que de concretarse podrían mitigar la precariedad del empleo generado por estas empresas, e incorpora un anexo jurisprudencial con una selección de sentencias relevantes sobre las instituciones examinadas.
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