La Ley de Contratos de crédito Inmobiliario transpone a nuestro ordenamiento jurídico una Directiva europea (2014/17) sobre contratos de crédito celebrados con consumidores.

La Ley es de enorme importancia y gran complejidad.

Importancia porque, además de trasponer la Directiva, incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo sobre cláusulas abusivas y transparencia en la contratación con consumidores. Ante el caos generado por esta jurisprudencia, intenta aportar seguridad jurídica al mercado hipotecario, y ofrecer protección a los consumidores financieros.

Es, por otra parte, de gran complejidad técnica. Introduce importantes cambios en las condiciones de los contratos de hipoteca y en las prácticas bancarias de comercialización, pero además establece toda una serie de nuevas obligaciones, no solo para las entidades bancarias, sino también para notarios y registradores, en aras de la transparencia en el mercado. Además, modifica 12 normas, entre ellas la ley Hipotecaria, la LEC, Ley de Condiciones Generales de la contratación o la Ley de Defensa de los Consumidores.

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