La actividad cada vez más ingente y acelerada del legislador suele provocar normas jurídicas con graves defectos, tanto formales como materiales, que pueden dañar gravemente bienes jurídicos. Con el fin de aportar soluciones a esta situación, la autora propone la necesidad de un análisis previo del legislador sobre la oportunidad y eficacia de las medidas que dicta, a través de un estudio de impacto y una evaluación retrospectiva del Derecho existente. Para ello propone una serie de criterios y reglas que sirvan de apoyo a la elaboración y estudio de las leyes, con la finalidad de evitar situaciones de inaplicación de normas por falta de previsión sobre los efectos que provocarán, el coste económico que supone su ejecución, u otros rasgos a determinar.
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