Ha sido reseñado en:
Alfredo Liñán Lafuente (res.)
Revista de Derecho Penal y Criminología, ISSN 1132-9955, Nº 21, 2019, págs. 371-377
Maculan, E. (2019): 'Los crímenes internacionales en la jurisprudencia latinoamericana', Madrid, Marcial Pons, 313 pp.
Política y sociedad, ISSN-e 1988-3129, ISSN 1130-8001, Vol. 57, Nº 1, 2020, págs. 301-303
La jurisprudencia latinoamericana ofrece contribuciones interesantes a la evolución de los crímenes internacionales. En ella destaca, por un lado, una tendencia expansiva, que amplía el concepto y alcance de estas figuras delictivas en perspectiva diacrónica (calificando como tales hechos cometidos antes de que la categoría fuera tipificada en el ordenamiento nacional) o sincrónica, aplicándolas a conductas no previstas en la disposición legislativa. Por otro lado, aparece una tendencia reductora-aclaratoria, que acota el alcance de los tipos penales internacionales, recuperando su correspondencia con la norma internacional correspondiente, o clarifica sus elementos y rasgos definitorios. En toda esta jurisprudencia desempeña un papel central la tipicidad, que en la tendencia expansiva se utiliza como ganzúa interpretativa, para derivar, de la calificación como crimen internacional, la aplicabilidad de la regla de la imprescriptibilidad y de la prohibición de amnistías, mientras que en la tendencia reductora-aclaratoria funciona como dique de contención contra expansiones excesivas. La tipicidad reivindica así su presencia en el área del Derecho penal internacional, que tradicionalmente se acercaba al modelo de derecho de narración propio del ius commune, y muestra sus potencialidades como aliada de los principios de legalidad y de intervención mínima o lesividad penal internacional. Este libro indaga de manera crítica la ratio, la orientación (garantista o neopunitivista) y los efectos que la jurisprudencia latinoamericana produce en la definición de los crímenes internacionales, en los principios fundamentales del Derecho penal y en la arquitectura de los poderes estatales, confirmando el papel de los tribunales nacionales (penales y constitucionales) como artífices del proceso evolutivo del Derecho penal internacional.
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