Aunque la presión identitaria en algunas Comunidades Autónomas trata de imponer la "inmersión lingüística" en sus lenguas vernáculas, especialmente en el campo educativo, desplazando en sus espacios territoriales el idioma español común, la Constitución Española configura a la lengua castellana como lengua de la Soberanía Nacional, única e indivisible, que reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, declarándola su lengua oficial y prescribiendo que todos los ciudadanos, que gozan de iguales derechos constitucionales con independencia de su vecindad, tienen el deber de conocerla y el derecho de utilizarla
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