Las sucesivas reformas legislativas sobre la Universidad y su gobierno que se ha abordado en estos 40 años de vigencia de la Constitución y de periodo democrático, no han impedido que los informes sobre la necesidad de su cambio no hayan dejado de sucederse a lo largo de este Siglo XXI, sin que su plasmación normativa haya supuesto un cese en esta labor consultiva, de forma que no es extraño que se reclame desde la política y la sociedad civil una estabilidad normativa por lo menos a medio plazo y la finalización del debate de ideas con una plasmación en realidades normativas y sociales. Desde el Informe Universidad 2000, conocido como Informe Bricall, pasando por las Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español, realizado por la Comisión de Expertos nombrada por el Ministro Wert, o por el Informe La gobernanza de la Universidad y sus entidades de investigación e innovación, elaborado conjuntamente por la Fundación CYD y la CRUE, las necesidades de una reforma del Gobierno de las Universidades ha sido una constante de los debates sobre la temática. A estos informes se puede añadir los informes elaborados dentro de la Estrategia Universidad 2015, por parte de la Comisión Técnica de desarrollo, que realizó el Diagnóstico, informe técnico-jurídico y propuestas de actuación en relación con las estructuras organizativas internas de las Universidades españo-las (gobernanza universitaria), y por parte de una Comisión específica nombrada a instancia del Ministerio de Educación que redactó Audacia para llegar lejos: Universidades fuertes para la España del mañana1
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