La Ley Penal del Menor ha supuesto un nuevo cambio de modelo de intervención, pasamos de un modelo asistencialita a un modelo basado en la competencia social, cuya máxima es la responsabilidad del menor y la intervención educativa sobre aquellos factores que mantienen la conducta delictiva del joven. La Ley Penal del Menor y su posterior reglamentación, exigía a los profesionales evaluaciones rápidas y precisas para poder elaborar los programas de ejecución de las medidas judiciales. En este contexto los equipos requerían de nuevas metodologías e instrumentos de trabajo que estructurasen las intervenciones. Esta investigación persigue un doble objetivo, el primero, ofrecer un instrumento con la suficiente fiabilidad y validez predictiva, y el segundo testar en el IGI-J los principios del riesgo de una intervención eficaz con los menores delincuentes.
Para ello elegimos el Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI) de Hoge y Andrrews (2002), que tradujimos y adaptamos para esta investigación como IGI-J (Inventario de Intervención y Gestión para Jóvenes). Para la recogida de las variables socioeducativas se elaboró ad hoc un cuadernillo (CRIM) en que se recogían variables descriptivas. Estos dos instrumentos fueron aplicados por los propios profesionales que ejecutaban las medidas judiciales, tras una fase de formación y entrenamiento en los mismos.
El estudio es tanto retrospectivo/transversal como longitudinal, porque pretendemos determinar la eficacia predictiva de los instrumentos. El seguimiento longitudinal se realizó a lo largo de una media de 38 meses, con un rango entre 13,7 y 55 meses. La muestra es no probabilística con muestreo de conveniencia y está compuesta por 258 sujetos (230 chicos y 28 chicas), en un intervalo de edad de 14 a los 21 años, siendo la media de 19 años, todos ellos se encontraban ejecutando una medida judicial impuesta por el Juzgado de Menores de la Región de Murcia. El 45% de los jóvenes eran reincidentes, aunque solo un 7% de los jóvenes habían cometido 3 o más delitos; el 58,1% de la muestra había cometido algún delito violento.
El nivel de riesgo evaluado en los sujetos con el IGI-J, resulta de una media de 14,37, con una desviación típica de 7,97. El nivel de riesgo de los reincidentes es de 17,3 frente a 10,9 de los que no habían reincidido nunca, siendo estadísticamente significativa.
El índice de fiabilidad de Crombach del IGI-J es de 0,904 con un rango de 0,619-0,778. Estos datos son similares e incluso superiores a los que arrojan otros estudios e incluso con el IGI-J. En general podemos confirmar la estructura de la prueba y su alta consistencia interna.
Para determinar el grado de discriminación de la predicción se ha realizado mediante el análisis de la curva ROC, se ha estimado que el área bajo la curva es de 0,734 dato que interpretamos como el grado de predicción de la reincidencia a partir del nivel de riesgo. Este grado de predicción es estadísticamente significativo. El porcentaje correcto de discriminación de los reincidentes de casi el 69% y de casi el 67% de los reincidentes. Un dato llamativo es el Ods Ratio de 1,13, que nos indica que cada unidad de incremento en el nivel de riesgo evaluado por el IGI-J supondría un 13% adicional de la posibilidad de reincidir.
En definitiva podemos concluir que el IGI-J con sus limitaciones es un buen instrumento para predecir la reincidencia de los jóvenes delincuentes y estructurar la intervención de los sujetos de acuerdo al nivel de riesgo.
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