La comunicación gubernamental es más que la suma de discursos mediales, ya que la acción política supone la toma de decisiones sobre hechos vinculantes entre diversos subsistemas sociales que llegan al espacio público bajo la forma de políticas públicas, normativas y de aplicación de la fuerza. En consecuencia, el espacio público es el lugar de la confrontación de diversos actores, entre los que sobresalen los políticos (gobierno-oposición), los periodistas, los ciudadanos y los expertos que pelean no solo por interpretaciones sino por la toma de decisiones.
En los gobiernos locales mexicanos, se observan configuraciones -discursos y hechos vinculantes- que proyectan la obra pública en diversas zonas de consenso o de conflicto, provocando debates públicos y, al mismo tiempo, procesos de modernización de relaciones sociales tradicionales. En 2001 el ayuntamiento mexicano de Mérida, Yucatán, justo en momentos de grandes expectativas de cambio de su población, diseñó un paquete de políticas públicas que enfrentaron problemas añejos y no resueltos de la comunidad, provocando inestabilidad y transformación en diversas zonas de la vida social.
No obstante el apoyo ciudadano sobre la mayoría de ellas, el enfrentamiento de otras agendas públicas, tales como la agenda mediática y la del Gobierno del Estado de Yucatán, propiciaron una falta de coordinación de las energías sociales impidiendo que todas ellas fructificaran. Estos hechos confirman, desde nuestra investigación, que la comunicación política es el flujo de poder que transita entre diversos actores y subsistemas, provocando (in) gobernabilidad.
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