Esta investigación aborda el estudio del empleo público de las entidades locales tras la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, desde la perspectiva de los principios de la Constitución española de 1978, de igualdad, capacidad y mérito, frente a su modelo opuesto, de confianza política.
En particular, se analiza la figura del personal eventual, la provisión de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, mediante libre designación y la función directiva en las entidades locales.
El personal eventual, es decir, el que desempeña cometidos de confianza o asesoramiento especial, es cuestionado por su incompatibilidad radical con el empleo público que se fundamenta en la Constitución española de 1978, siendo el ejemplo claro de la ausencia de objetividad, independencia e imparcialidad de una parte de los empleados públicos, cuyo número se va incrementando en los últimos años. La provisión de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, mediante libre designación, se muestra como un despropósito cada vez más generalizado en las grandes corporaciones locales, lo que afecta al imparcial desempeño de sus funciones de asesoramiento jurídico y de control económico-financiero.
Finalmente, la ausencia de una verdadera función directiva profesional en las entidades locales, para la que se ha utilizado espuriamente al personal eventual, muestra igualmente cómo el sistema de la confianza política está socavando los pilares constitucionales sobre los que se asienta la función pública, en beneficio de los partidos políticos y en perjuicio del conjunto de la sociedad. Se concluye con la necesidad de acometer una reforma legislativa que garantice adecuadamente los principios de igualdad, capacidad y mérito.
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