El conflicto entre las presunciones de inocencia y certeza en el derecho administrativo

• Autores: La Puente Andres Marin Fernandez De
• Directores de la Tesis: Juan Miguel de la Cuétara Martínez (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de La Laguna ( España ) en 1998
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Manuel Morón Palomino (presid.), Francisco José Villar Rojas (secret.), Alfredo Gallego Anabitarte (voc.), Manuel Álvarez de la Rosa (voc.), Juan Antonio Sagardoy y Bengoechea (voc.)
• Materias:
  • Ciencias jurídicas y derecho
    • Derecho y legislación nacionales
      • Derecho administrativo
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• Resumen

  • El objeto de estudio se sitúa básicamente en la incidencia de la Constitución Española en el procedimiento administrativo sancionador, circunscrito a las sanciones en el ámbito laboral, todo ello incardinado en el aspecto o fase probatoria del procedimiento, clave para la enervación de la presunción de inocencia constitucional que asiste al particular como derecho fundamental. Para encuadrar el objeto de estudio ha sido necesario el tratamiento de dos instituciones básicas como son las presunciones legales en general y el marco de los principios del Derecho punitivo del Estado, en el que se engloban el Derecho Penal y el Derecho Administrativo sancionador, para ver la aplicación de los mismos en ambos subsistemas.

    El estudio de la presunción de certeza, cuya fundamentación sitúa la jurisprudencia en la objetividad, imparcialidad y especialización que se presume de los agentes que participan en la fase inicial e instructora de los expedientes administrativos (inspectores y controladores laborales), comenzó a partir de un estudio de ambas figuras, centrado básicamente en la evolución de la presunción de certeza que en cada momento reconocía la legislación a cada uno, y su situación actual.

    Seguidamente se abordó el aspecto objetivo de las actas, sus requisitos, tanto los legales como los que se han denominado de creación jurisprudencial (por haber sido introducidos, como garantías de los ciudadanos, por la jurisprudencia), toda vez que la Ley exige, como contenido indispensable para otorgar o reconocer la presunción de certeza a los mismos, el que cumplan todos los requisitos objetivos que se señalan. Han sido los Tribunales, sobre todo el Tribunal Supremo, el que tras una larga evolución, ha ido creando otros requisitos diferentes a los legales, e igualmente exigibles, para acomodar la figura necesaria de la presunción de certeza a las garantías constitucionales recogidas en el Texto de 1.978, evoluc