Las perspectivas a futuro demuestran que la demanda de agua de la población mundial, y entre estos los requerimientos de la producción agrícola, enfrenta varios retos por las reservas finitas de recursos hídricos a escala global. Para regular los recursos hídricos disponibles se ha planteado, desde la gestión del agua, la formulación de políticas para reducir el consumo de agua ante escenarios de escasez, fallas en la asignación o poca eficiencia en la conservación del agua. En este sentido, las instituciones supranacionales juegan un papel importante en el desarrollo de políticas de gestión del agua, con el fin de proponer un marco normativo para influenciar en la reducción del desperdicio e impulsar el desarrollo de nuevas prácticas para mejorar la eficiencia en la aplicación de agua agrícola, salvaguardando así el desarrollo de las capacidades de la población, así como el abastecimiento de alimentos. De hecho, a través de las macroconferencias se han promulgado nuevos postulados que incidan sobre los tomadores de decisiones para fijar a la gestión del agua dentro de los enfoques: ambiental, económico y social. Es entonces, cuando se establece la necesidad de definir el valor de uso del agua desde la perspectiva económica, condicionando el comportamiento de los consumidores y estableciendo parámetros externos que activen nuevos modelos de auto-regulación para la conservación de las fuentes hídricas, mejorar la eficiencia y las capacidades de los agricultores.
Dentro de la gestión del agua están presentes varios instrumentos de regulación de la demanda de agua, como mercados de agua o políticas de precios, como prácticas ampliamente difundidas en varios países, los cuales han demostrado efectividad para influenciar en el comportamiento de los agricultores para reducir el consumo de agua, debido a la variación en el costo de aplicación del agua de riego. El enfoque con el que se ha tratado la regulación del consumo demuestra que los instrumentos de políticas tienen la capacidad de influenciar en la reducción de la demanda de agua, sin embargo, los resultados esperados varían dependiendo del acceso a factores de producción, capacidad de los agricultores, disponibilidad de agua, así como un impacto sobre los ingresos de los agricultores, variación en la ocupación de mano de obra y cambios en la superficie cultivada. Así mismo, como parte de esta política de precios se han considerado varias estrategias que incentivan la modernización del riego a nivel de las explotaciones, de tal forma que se pueda mitigar el impacto de un incremento en el costo del agua al reducir la aplicación del regadío por un incremento en la eficiencia.
Para analizar el impacto de la implementación de una política de precios en el caso específico del Ecuador, se propone un estudio que evalúa dos zonas, la primera en el sistema de riego Píllaro ramal norte, y el segundo el sistema Manuel de Jesús Calle, cuyas características los diferencian por el tamaño y el tipo de producción, considerando así a dos de los sectores de agricultores más representativos del país. Lo mencionado anteriormente involucra que existan varios criterios en la definición de una política de precios, ya que la polarización de la estructura agraria determina la existencia de un sector dedicado a la agro-exportación, así como de un grupo marcado por la agricultura de subsistencia. En este sentido, se identifican varias experiencias aplicadas para mejorar la gobernanza en torno al agua. Como tal, la gobernanza de los recursos hídricos ha ganado terreno dentro de países como Ecuador para fortalecer los procedimientos e instrumentos de control. En este caso, el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua está vinculado a factores culturales, sociales y económicos que se suman a la forma de ordenamiento y gestión del agua preexistente para reconocer de manera amplia una política de gestión del agua. Además, se debe resaltar la composición propia del espectro agrario que condiciona el acceso al agua, las capacidades de aprovechamiento, así como la obtención de beneficios de los agricultores. El proceso de reconocimiento de las particularidades de los actores que intervienen en la gestión del agua en el Ecuador derivó en la emisión de una nueva Ley de aguas, vigente desde el año 2014, lo cual ha dado paso a la formulación de una valoración económica del agua que aún no se pone en marcha. Además, dentro de este proceso se reconocen tres puntos fundamentales: (1) la prohibición de implantar mercados de agua, (2) el reconocimiento de organizaciones comunales como administradoras de los sistemas; y (3) el agua como un derecho de acceso universal. A pesar de los esfuerzos institucionales señalados, la política actual se mantiene uniforme en la definición de tarifas e instrumentos de regulación del consumo de agua agrícola.
Lo expuesto demuestra que en el caso de Ecuador se destaca la necesidad de profundizar en el estudio de la economía del agua, tanto desde la formulación de políticas públicas como en valoración de los factores inherentes a la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos. Partiendo de estos antecedentes, esta tesis contribuye a analizar las decisiones de los agricultores ante un incremento hipotético del precio del agua de riego, mediante la simulación de políticas de precios (fija, volumétrica y por bloques). De esta forma, se diseñan los modelos que representan los sistemas de producción más característicos del país. Los escenarios propuestos demuestran que el bajo rendimiento conduce a que los agricultores obtengan un beneficio que limita la implementación de tarifas de coste medio. Por otra parte, se considera que la confianza en las instituciones que administran los sistemas de riego es un pilar importante al momento de considerar un incremento hipotético del precio del agua, ya que si existe una institucionalidad débil, los agricultores reducen su predisposición de pagar más por el agua de riego y demandan de acciones que representen el incremento propuesto. De esta forma, la regulación mediante una política de precios volumétrica se propone como el instrumento más eficiente para la reducción del consumo de agua, con menor impacto sobre los ingresos de los agricultores y los alimentos disponibles para la familia.
La contribución de esta investigación a la economía del agua es la evaluación del impacto en las decisiones de pequeños agricultores, mediante la formulación de modelos de optimización de explotaciones agrícolas heterogéneas para el análisis de una simulación de política de precios del agua de riego, dentro de escenarios en los cuales la política de regulación de los recursos hídricos se encuentra en etapa de implementación. En este sentido, los resultados obtenidos demuestran que el consumo de agua de riego es elástico ante la aplicación de precios volumétricos del agua, así como de aplicación de bloques de agua. De hecho, una política de precios volumétrica se propone como el instrumento de regulación más eficiente y con capacidad de reducir el impacto sobre los ingresos de los agricultores. Otros resultados demuestran que la actual tarifa fija no influye en la disminución del consumo de agua, limitándose a cubrir parte de los costos relacionados a la administración y operación de los sistemas de riego.
Los resultados obtenidos de la simulación de distintos escenarios demuestran que en el caso de sistema Píllaro ramal norte (SPRN), al aplicarse un incremento del precio del agua se observa sensibilidad en la disponibilidad de alimentos ante tarifas de hasta t=0,05USD/m3. De igual forma, el efecto de aplicar una política de precios sobre la demanda de agua y beneficio de los agricultores es susceptible a incrementos muy bajos del precio del agua. Esto está sujeto al nivel de ingresos que cada explotación produce en cada ciclo, lo que determina un cambio en el comportamiento de los agricultores, influenciado por tarifas de entre 0,01USD/m3 y 0,20USD/m3. Los resultados para el caso del sistema Manuel de Jesús Calle (SMJC), demuestran un umbral del costo del agua de riego mayor (t=0,20 USD/m3). Las condiciones de la administración de los sistemas, así como las características del tipo de riego utilizado influencian en la capacidad de respuesta de los agricultores. De manera comparativa, se observó que aquellos agricultores con acceso al agua de riego, pertenecientes al SMJC, tienen menos predisposición a pagar más por el agua. Por otra parte, también se observó en el caso del SPRN que los agricultores estarían dispuestos a pagar un incremento en la tarifa actual.
En definitiva, se evidencia la necesidad de sumar esfuerzos para mejorar la confianza de las instituciones encargadas de gestionar y regular los recursos hídricos, ya que facilitaría el camino para la aplicación de una política de precios. Además, la aplicación de una política de precios está supeditada a los rendimientos de los agricultores siendo esto una restricción al momento de fijar las tarifas de consumo, lo que determina una diferenciación de acuerdo con la capacidad de los agricultores por cada zona.
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