En este trabajo se aborda, por una parte, un ámbito del Derecho público que, desde la óptica normativa, es de reciente data: el Derecho electoral.
El escaso desarrollo de esta rama del Derecho está ocasionado no porque las relaciones jurídicas que sus normas sancionan sean de reciente aparición, sino porque la urgencia de hacerlo ha estado en correspondencia con el surgimiento y consolidación de un particular régimen político: la democracia representativa. Por otra, también aborda una de las cuestiones más actuales y constantes del debate público: la independencia de jueces y magistrados, la cual aún siendo consustancial a todo Estado constitucional, la precisción de su sentido y alcance depende de que pueda superarse el reto histórico de situar adecuadamente el poder de juzgar.
En un esfuerzo de síntesis, se intenta poner al descubierto las relaciones entre los conflictos que de manera ostensible se manifiestan en el ejercicio del poder político -y más exactamente, los que se originan en ocasión de los procesos electorales- y las manifestaciones concretas de la función que tienen los jueces de garantizar la sumisión del poder al Derecho mediante la aplicación irrevocable de éste; especialmente, cuando el proceso electoral es un instrumento de legitimación del Estado democrático rodeado de un conjunto de garantías que hagan posible que, quienes tienen que ver directa o indirectamente con tal proceso -electores, elegibles, candidatos y partidos, cuando menos- concurran al mismo en igualdad de condiciones, per también que, ante una potencial o real conculcación de sus derechos, puedan interponer los recursos idóneos ante una autoridad jurisdiccional que esté revestida de independencia, condición que es un valor nuclear en la efectiva realización de la justicia.
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