El propósito de la memoria ha sido descubrir las lagunas del modelo tradicional de ordenación de las actividades extractivas y, a partir de allí, proponer un modelo alternativo.
El dominio público de las minas debe ser superado y sustituido por una reserva de la actividad al sector público, acudiendo a la previsión del artículo 128.2 de la constitución española.
Sólo así se conseguirá adaptar el régimen jurídico de las actividades extractivas en el Estado autonómico al sistema concesional, público y de concurrencia competitiva, eliminando derechos preexistentes, principalmente de la propiedad del suelo.
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