LA MAYOR NOVEDAD INTRODUCIDA POR LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978, EN RELACION CON EL PODER JUDICIAL, ES LA CREACION DE UN CONSEJO GENERAL, EN EL ART. 122.2, COMO ORGANO DE GOBIERNO DEL MISMO. DE ESTA FORMA SE INTRODUJO UN INSTRUMENTO QUE, SIGUIENDO EL EJEMPLO DE OTROS PAISES PROXIMOS AL NUESTRO, ASUMIO LAS FUNCIONES QUE ANTERIORMENTE ESTABAN ATRIBUIDAS AL EJECUTIVO, GARANTIZANDO LA INDEPENDENCIA JUDICIAL.
ESPECIAL PROBLEMATICA, DESDE LA OPTICA DE LA INDEPENDENCIA, LA HA PLANTEADO LA FORMA DE DESIGNACION DE SUS MIEMBROS. LA VIGENTE REGULACION LLEVADA A CABO EN LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, NO NOS PARECE LA MAS ADECUADA, SIENDO QUIZAS PREFERIBLE UNA FORMULA MIXTA DE ELECCION -POR LOS PROPIOS JUECES Y MAGISTRADOS Y POR LAS CAMARAS-.
EN LA MENCIONADA LEY TAMBIEN SE PRODUCE UNA REDISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE MINISTERIO DE JUSTICIA Y CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL QUE RECORTA DE UN MODO ALARMANTE LAS COMPETENCIAS DE ESTE ULTIMO, AUNQUE AFORTUNADAMENTE PARECE QUE LA REFORMA CUYOS TRAMITES YA SE HAN INICIADO, SE INCLINA POR CONCEDERLE UN INCREMENTO DE FACULTADES, RECUPERANDO BUENA PARTE DE LAS QUE SE LE PRIVO.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados