En la presente tesis doctoral se aborda el papel de la deuda pública en la financiación y el gasto de la Corona de Castilla, así como en su proceso de construcción estatal por extensión, entre 1387 y 1504, periodo caracterizado por la existencia de un sistema fiscal amplio que, surgido en torno a la primera de esas fechas, dotaba al monarca de cuantiosos ingresos propios, bajo la forma de alcabalas y tercias reales y otros pechos y derechos como las aduanas y almojarifazgos, salinas y alfolís y servicio y montazgo, pero también de otras fuentes de recursos, los pedidos y monedas producto de la negociación con el reino representado en las Cortes de Castilla primero y las contribuciones concedidas por la Hermandad General después, que los completaban destinándose teóricamente a la defensa de la fe y del reino.
Esta disponibilidad de ingresos motivó que, en principio, el recurso a la deuda pública no fuese considerado una alternativa para la financiación de la real hacienda a escala amplia. Por esa razón la suscripción de empréstitos obligatorios, que era la fórmula elemental para la captación de crédito soberano por parte de la mayoría de los estados europeos bajomedievales fue abandonándose paulatinamente, a pesar de que había sido utilizado con frecuencia entre 1367 y 1385 y todavía se utilizó en algunas ocasiones como ocurrió en los años de 1388 y 1429. Al tiempo determinados instrumentos financieros más avanzados, como la emisión de títulos de deuda pública en forma de juros de heredad, se llegaron a valorar e incluso a poner en práctica aunque finalmente también fueron descartados.
Pese a no tener entre sus pilares la deuda pública, el nuevo sistema hacendístico, al proveer al soberano de recursos fijos hasta entonces desconocidos y un marco institucional adecuado para gestionarlos, presentaba novedosas posibilidades de cara al gasto. Un gasto que, necesariamente, impulsó el florecimiento de diferentes instrumentos financieros y medios de pago, entre los que se encontraban los que servirían de base para la deuda pública consolidada con posterioridad. Para atender a las partidas del gasto, que también eran nuevas en buena parte de los casos, se articuló una ampliación y revisión de los fundamentos teóricos que las justificasen. Estas son un elemento central, junto al descenso de los precios reales de licitación, escasamente valorado hasta la fecha a la hora de entender el déficit estructural en que entró la real hacienda en tiempos de Juan II y Enrique IV, que tuvo una profunda influencia en las convulsiones políticas coetáneas.
En la práctica esto condujo a una quiebra técnica, que fue insostenible de mantener en el tiempo por ninguno de los medios ensayados desde la década de 1420 a partir de las dificultades monetarias de 1462, solo pudo solventarse mediante una renovación decidida de las finanzas públicas, desarrollada a comienzos del reinado de los Reyes Católicos. Para entender la reforma debemos partir de los cuatro pilares sobre los que se sustenta, los cuales son sobradamente conocidos a grandes rasgos por la historiografía y cuya combinación dio lugar al establecimiento de un nuevo modelo de finanzas públicas. Nos referimos a la estabilización y renovacion de los ingresos fiscales, la reordenación de las prioridades del gasto (el aspecto en que se hicieron los cambios más tempranos ya en el 23 reinado de Enrique IV), y la reducción o amortización de algunas partidas dentro de este culminada en las declaratorias de Toledo de 1480, Junto a esto la reforma del marco institucional de las contadurías mayores de hacienda y cuentas fue fundamental para adaptarlas al nuevo contexto. Todo lo anterior permitió el empleo de la deuda pública a una escala desconocida hasta entonces, con el objetivo de dotar al sistema de liquidez y capitales adicionales, que no es tanto una consecuencia de estas transformaciones, como a menudo se ha considerado en la historiografía, sino uno de los factores principales a la hora de superar las dificultades anteriormente descritas y los retos militares planteados por la guerra civil de inicios del reinado, la cual reactivó la demanda de empréstitos obligatorios.
Pasada la guerra civil y consolidado el poder de los nuevos monarcas, las necesidades crecientes de la Corona producto de las guerras de Granada en primer lugar y Nápoles poco tiempo después, profundizaron en la cuantía y diversidad de las formas de deuda pública utilizadas a fin de captar recursos y agilizar el gasto. En este sentido las campañas de Nápoles son de especial importancia pues plantearon nuevos retos en cuanto a las cantidades que se requirieron y su compleja transferencia al exterior. Así comienzan las primeras emisiones de títulos de deuda pública bajo la forma de juros al quitar a partir de 1489 o de la financiación mediante crédito flotante de las guardasreales, que eran uno de los principales cuerpos del ejército castellano, desde 1488.
La deuda pública fue igualmente uno de los factores esenciales para el desarrollo de diferentes instituciones informales que, desde orígenes bastante dispersos, acabarían en la creación de la tesorería general de Castilla desde 1495, institución principal para la gestión y contratación de la mayor parte de formas de crédito soberano en lo sucesivo, así como para una manera nueva de acercarse al presupuesto y estimación de las necesidades financieras del estado, culminada con la aparición, algo más tardía, del Consejo de Hacienda. Consecuencia de esto surgiría un sistema de deuda pública, bien descrito para los tiempos modernos pero cuyos orígenes son aun poco conocidos. Conectar este con lo que sabemos para el periodo moderno, en que la deuda pública es uno de los problemas históricos esenciales para Castilla, así como con el contexto europeo, del que nuestro caso es el primer ejemplo de un modelo de desarrollo específico luego proseguido en Francia e Inglaterra, son, además de describir y establecer conceptos para el objeto de estudio, nuestros fines principales.
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