Laura María Zanón Bayón-Torres
Desde hace varios años la privación de libertad y la expulsión son medidas que se utilizan de manera recurrente en la gestión de los flujos migratorios irregulares. Los espacios de detención más conocidos para este fin son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), pero también se utilizan otros lugares como las cárceles, las comisarías o las salas de inadmisión de los aeropuertos. Mediante este estudio se pretende conocer el proceso que viven las personas extranjeras extracomunitarias que son detenidas e internadas en cárceles y Centros de Internamiento de Extranjeros, así como la atención social que reciben. Por tanto, el objetivo es investigar cómo se planifica la intervención social durante el internamiento, qué pronóstico se prevé tras la finalización de este y qué atención social se proporciona cuando se ejecuta la expulsión o tras comprobar la imposibilidad de su ejecución. El grupo de población estudiado se considera un colectivo especialmente vulnerable, ya que al sufrir una privación de libertad aumenta el riesgo de exclusión social, la cual se agrava por la situación de irregularidad administrativa. Por ello, la atención social es imprescindible durante el internamiento por ser una herramienta fundamental para paliar los efectos de este, pero también para la preparación para la vida en libertad, así como para acompañar durante esos primeros momentos. No obstante, la premisa de la que parte esta investigación es la existencia de un subsistema policial, en el que la extranjería y la criminalidad se abordan conjuntamente. Con este planteamiento, el espacio para la atención social y la detección de necesidades de esta población se condiciona a una interpretación rígida y restrictiva de derechos. El estudio conjunto de los centros de internamiento y de las prisiones como lugares de encierro en los que la presencia de personas extranjeras extracomunitarias es muy elevada, pone de relieve las coincidencias y diferencias entre ambos dispositivos, pero también el papel que cada uno de ellos ostenta en las políticas de control de los flujos migratorios.
For several years, deprivation of liberty and expulsion are measures used recurrently in the management of irregular migratory flows. The most well-known places of detention for this purpose are the Centers for the Internment of Foreigners, but other places such as prisons, police stations or inadmissible rooms of airports are also used. The aim of this study is to understand the personal experience of non-EU foreigners who are detained and interned in prisons and Foreigners Internment Centers, as well as the social care they receive. Therefore, the objective is to investigate how social intervention is planned during detention, what prognosis is expected after its completion and what social care is provided when expulsion is carried out or after verifying the impossibility of its execution. The population group studied is considered a particularly vulnerable group, which, when suffering a deprivation of liberty increases the risk of social exclusion. For this reason, social care is essential during detention as because it is a fundamental tool to mitigate these effects and to prepare for life in freedom, as well as to accompany for during those first moments. However, the premise from which this investigation is based on is the existence of a police subsystem, in which foreigners and criminality are addressed together. With this approach, the space for social care and the detection of needs of this population is conditioned to a strict and restrictive interpretation of rights. The joint study of internment centers and prisons as places of confinement, where the presence of non-EU foreigners is very high, highlights the coincidences and differences between the two devices, but also the role that each one of them plays in the control policies of migratory flows.
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