Resumen de Las bases del régimen jurídico del aire en colombia
Esta tesis doctoral contiene un análisis de varios aspectos cardinales del régimen jurídico del aire en Colombia, cuyo principal problema nacional y local es el deterioro de la calidad del aire. Este problema ya ha producido bastantes consecuencias negativas sobre el entorno natural y los habitantes del país, hoy continúa generándolas y, si el Estado y los particulares no le hacen frente debidamente, seguirá haciéndolo a lo largo de muchos años más. Tales consecuencias son, por supuesto, medioambientales, pero también se refieren a la salud, a la vida e, incluso, a la economía. En efecto, la pérdida de la pureza del aire incide notablemente en la morbilidad y la mortalidad de Colombia y, además, afecta de manera considerable el producto interno bruto nacional.
Al igual que el resto de los componentes del vasto Derecho del medio ambiente colombiano, el régimen jurídico del aire está soportado en varios fundamentos constitucionales. Esto se debe a que la Constitución Política de Colombia de 1991 es, como bien han dicho la Corte Constitucional y la doctrina, una auténtica y poderosa «Constitución ecológica» o «Constitución verde». No obstante, esta tesis doctoral parte de la consideración de que el derecho a gozar de un ambiente sano constituye el fundamento constitucional más relevante del régimen jurídico del aire. Dicha consideración tiene origen en la mayúscula importancia que el derecho mencionado y el resto de los derechos han adquirido en Colombia tras la expedición de la Constitución de 1991 y, por tanto, la creación y la puesta en marcha de la Corte Constitucional. En el ámbito nacional, los derechos han tenido unos desarrollos doctrinales, jurisprudenciales y normativos mucho más amplios y profundos que otras instituciones jurídico-constitucionales significativas como, por ejemplo, los principios y deberes.
La tesis pretende entonces desarrollar las dos dimensiones del derecho a gozar de un ambiente sano en el ámbito de la calidad del aire: la subjetiva y la objetiva o institucional. Así, el trabajo se halla dividido en dos partes: «El fundamento constitucional del régimen jurídico del aire» y «El régimen jurídico del aire desde la perspectiva del Derecho administrativo: la dimensión objetiva o institucional del derecho a gozar de un ambiente sano en el ámbito de la calidad del aire».
La parte primera solo tiene un capítulo: «El derecho a gozar de un ambiente sano. Especial referencia a su dimensión subjetiva». En este capítulo se inicia el estudio de dicho derecho a partir de la idea de que él comporta muchas garantías, y entre estas se halla la respiración de aire salubre. Por consiguiente, no es necesario intentar fundamentar un nuevo derecho cuyo único propósito sea asegurar la respiración de aire sano, y he tratado de probar esto mediante el análisis de varios asuntos relacionados con el derecho a gozar de un ambiente sano como, por ejemplo, el concepto jurídico de medio ambiente y las formas en que la Corte Constitucional ha resuelto los casos relativos al deterioro de la calidad del aire, siempre basada, de una u otra manera, en el derecho a gozar de un ambiente sano.
Una vez establecida la idea mencionada, el capítulo cataloga el derecho a gozar de un ambiente sano como un derecho fundamental y, en consecuencia, emprende el análisis de uno de los temas más clásicos y relevantes de los derechos fundamentales: el concepto y el fundamento. Esto se debe a que considero que a través del examen de dicho tema se puede argumentar de forma clara y sólida por qué el derecho a gozar de un ambiente sano es de carácter fundamental, aspecto que, por supuesto, no es nada pacífico en la doctrina.
Posteriormente, el capítulo explica, desde un perspectiva general, el concepto de Estado social de Derecho y la teoría de la doble dimensión de los derechos fundamentales, cuestiones estrechamente relacionadas, y después hace énfasis en la dimensión subjetiva del derecho a gozar a de un ambiente sano. El estudio de aquel concepto y de aquella teoría es muy importante porque de allí proviene el fundamento del especial papel de promoción y protección del Estado respecto al derecho fundamental a gozar de un ambiente sano, papel que pretende la efectividad real del derecho.
Ya en el desarrollo concreto de la dimensión subjetiva del derecho a gozar de un ambiente sano, el capítulo entra en el análisis del amplio desarrollo de tal derecho por parte de la Corte Constitucional para terminar de definir su naturaleza jurídica. Identifica las dos posiciones contradictorias de la Corte respecto al derecho –derecho fundamental autónomo y derecho colectivo que tiene conexidad con derechos fundamentales–, posiciones que inciden en las acciones judiciales de protección. Después, fijo mi opinión: se trata de un derecho fundamental autónomo de doble naturaleza: individual y colectiva. Por supuesto, esta opinión también repercute en los medios judiciales de protección y, desde mi punto de vista, puede conducir al correcto tratamiento de los casos en que existan amenazas o violaciones del derecho.
La parte segunda de la tesis ha sido destinada a la dimensión objetiva o institucional del derecho a gozar de un ambiente sano en el ámbito de la calidad del aire desde el punto de vista del Derecho administrativo. Dicha parte pretende analizar algunos de los aspectos fundamentales del vasto conjunto normativo-administrativo del aire que representa y garantiza las condiciones objetivas de vida reguladas y organizadas para asegurar la existencia del derecho a gozar de un ambiente sano como un valor supremo o instituto de la sociedad y, por tanto, del orden jurídico, como aquel valor supremo o instituto que le va a permitir a cada individuo situarse en una sociedad democrática, realizar acciones y, en definitiva, desarrollar y consolidar su personalidad en el marco de unos parámetros previa y jurídicamente determinados. Así́, la parte segunda de la tesis se encuentra conformada por tres capítulos. Cada uno de estos se refiere a una gran sección del régimen jurídico-administrativo del aire: «Aproximación general al régimen jurídico-administrativo del aire», «La Administración Pública» y «La acción administrativa».
El capítulo primero de la parte segunda, «Aproximación general al régimen jurídico-administrativo del aire», se funda en una realidad. Esto es: el Derecho se halla sujeto al resto de las áreas del conocimiento humano debido a que todo el tiempo se está alimentando de los descubrimientos y razonamientos de ellas. El Derecho se encuentra condicionado por la Astronomía, la Biología, la Ciencia, la Física, la Geología, la Medicina, la Química, la Tecnología, etc. El Derecho no hace más que ir detrás de los veloces e imparables avances de cada una de estas.
Ello implica que la sustancia de muchos temas jurídicos es ajena a los saberes comunes del jurista. Así sucede con el deterioro de la calidad del aire. Está lleno de conceptos, instrumentos y métodos que constituyen, en principio, cuestiones distantes del acervo cognitivo normal de los abogados. Por consiguiente, el capítulo primero de la parte segunda tiene la finalidad de servir de marco conceptual básico del régimen jurídico-administrativo del aire, así como el objetivo de plantear una exposición general del problema que este régimen busca gestionar y solventar, incluyendo su estado actual y algunos aspectos de su posible futuro, que está sujeto, en gran parte, al papel que desempeñe el Estado, en general, y la Administración Pública, en particular. El estudio de aquel marco conceptual y de aquella exposición general es totalmente indispensable para comprender cabalmente los componentes del régimen citado y, por supuesto, para comentar las fortalezas y debilidades de este.
Así, el capítulo primero de la parte segunda analiza y explica conceptos capitales del régimen jurídico-administrativo del aire: la atmósfera, el aire, la contaminación atmosférica, las diferentes clases de contaminación atmosférica, las fuentes de la polución y los contaminantes. Asimismo, estudia y expone el problema del deterioro de la calidad del aire en Colombia con base en varios documentos estatales que arrojan luces sobre el estado actual y el posible futuro de dicho problema.
El capítulo segundo de la parte segunda, «La Administración Pública», busca examinar y explicar el gran entramado institucional que gestiona el medio ambiente, en general, y la calidad del aire, en particular. Para ello, parte de la consideración de que la naturaleza del entorno y de sus diversos elementos dificulta mucho el manejo público debido a que implica que este ha de corresponder a muchas entidades administrativas distintas y, además, implica que las diferentes funciones medioambientales están relacionadas directa o indirectamente. El medio ambiente y sus componentes son, en definitiva, una unidad que es totalmente indiferente a la distribución de los poderes públicos. La dificultad aludida conlleva retos importantes para las relaciones interadministrativas de las distintas Administraciones Públicas titulares de facultades ambientales y, en consecuencia, para la protección del medio ambiente que aquellas deben garantizar.
En consecuencia, el capítulo segundo de la parte segunda acude al examen de aquello que es imprescindible para el adecuado desarrollo de tales facultades, es decir, los principios rectores de la Administración Pública directamente vinculados a las relaciones interadministrativas y a la aparente contradicción entre los principios de unidad y autonomía: colaboración, coordinación, concurrencia, subsidiariedad y eficacia. El correcto seguimiento de los principios mencionados es la vía para llegar a la articulación y, por tanto, a la coherencia y la coordinación, aspectos que son indispensables para asegurar una efectiva salvaguardia del medio ambiente. El capítulo segundo de la parte segunda también recuerda el decisivo rol de la Administración Pública en el marco de un Estado social de Derecho; analiza los principios que se refieren a las relaciones interadministrativas de las instancias administrativas titulares de competencias medioambientales –armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario–, que no son más que una derivación de los principios rectores de la Administración Pública directamente vinculados a las relaciones interadministrativas y a la aparente contradicción entre los principios de unidad y autonomía; y, finalmente, desciende al examen del papel que cada uno de los niveles administrativos ha de jugar en el ámbito del medio ambiente, en general, y en el de la calidad del aire, en particular, a partir de las funciones que debe cumplir.
Por último, el capítulo tercero de la parte segunda, «La acción administrativa», pretende analizar y exponer algunos de los instrumentos jurídico-administrativos de gestión de la calidad del aire para demostrar que las normas jurídicas de niveles de emisión y de niveles de inmisión o de calidad del aire constituyen la piedra angular de todo el régimen colombiano del aire. Para ello, el capítulo inicia con el estudio del origen y la sustancia de tales normas: la normalización industrial, las normas técnicas y, por supuesto, el conocimiento científico-técnico. Posteriormente, examina los niveles de emisión y los niveles de inmisión o de calidad del aire en sí mismos. Y, finalmente, analiza y explica algunos de los instrumentos jurídico-administrativos de gestión de la calidad del aire: la planificación, las prohibiciones, el aislamiento, el permiso de emisiones atmosféricas, los sistemas de vigilancia de la calidad del aire, el índice de calidad del aire, el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire, la zonificación y los estados excepcionales de alarma.
