La Cuarta Revolución Industrial (4RI en adelante) se caracteriza por la transformación de la práctica totalidad de los sistemas de producción, gestión y gobernanza. En este contexto, las plataformas digitales colaborativas (PDC en adelante) han supuesto un cambio disruptivo en los modelos de negocio y se prevé que los beneficios obtenidos en estos alcancen los 335 mil millones en 2025. Su rápido crecimiento augura que gran parte del mercado laboral y de la actividad empresarial en el futuro se determinará en las PDC. Por ello, es muy importante cuantificar sus efectos a nivel económico y social, dado su gran potencial y rápido desarrollo. La literatura trata de evaluar los posibles efectos socioeconómicos sobre la desigualdad. Sin embargo, aún no existen resultados concluyentes. Por ello, en esta tesis doctoral nos planteamos cuáles pueden ser los efectos de las PDC en la desigualdad en Europa, España y Andalucía. En la actualidad los estudios empíricos son limitados y la evidencia no muestra de forma unívoca los perfiles socioeconómicos y laborales de participación en las PDC, ni la relación entre estas y la desigualdad. En el primer capítulo, “Participantes en plataformas digitales colaborativas en Europa, España y Andalucía”, nos centramos en la identificación de la proporción de individuos que participan en las PDC, incluyendo a usuarios y oferentes de trabajo. Además, dibujamos el perfil socioeconómico de los participantes, sirviendo de base para ulteriores estudios que evalúen la relación de las diferentes dimensiones socioeconómicas en los patrones de participación. Los resultados muestran que la mayoría de los andaluces, españoles y europeos no participan en las PDC. Sin embargo, el 4,2% de los andaluces y el 3,8% de los españoles ofrecen trabajo en las PDC, superando a la proporción de oferentes europeos que solo es del 2,6%. En cuanto a los perfiles socioeconómicos, tanto en Europa, España como Andalucía, la edad del usuario y oferente son superiores a los 40 años, tienen mayor presencia en niveles educativos universitarios y ejercen alguna actividad laboral, además de residir en zonas urbanas. Asimismo, la proporción de oferentes crece a medida que el nivel de renta es mayor. En cambio, no hay similitudes en cuestión de género, puesto que la mayoría de personas que acceden y oferentes andaluces son hombres, frente la mayoría de mujeres en el caso de España y Europa para estas dos categorías. En el segundo capítulo, “Educación y Acceso a las plataformas digitales colaborativas”, nos centramos en determinar la relación causal de la educación como barrera de acceso a las PDC en el contexto europeo. El conocimiento del impacto de la educación sobre el acceso a las PDC permite delimitar si las PDC pudieran reproducir las mismas desigualdades educativas existentes en la economía tradicional, identificando a la educación como una barrera para el acceso a las PDC y sus potenciales rendimientos. Mediante la base de datos Flash eurobarometer 438: The use of collaborative platforms (Eurobarómetro en adelante) para el periodo 2016, junto a técnicas quasi-experimentales no presentes en los trabajos empíricos más relevantes. Este estudio contribuye a la literatura al identificar la relación causal de la educación y el acceso a las PDC. Los resultados de este capítulo confirman que el número de años estudiados presenta una relación significativamente positiva con el acceso a las PDC. En concreto estudiar durante un año más incrementa la probabilidad de participar en las PDC un 28,25%. Nuestros resultados no revelan diferencias significativas en el impacto de la educación sobre el acceso a las PDC entre hombres y mujeres. Estos resultados están nn línea con la hipótesis de la literatura que argumenta la concentración de perfiles altamente cualificados en las PDC. En el tercer capítulo, “Tasa de desempleo europea y oferta de trabajo en las PDC”, nos centramos en determinar la asociación entre el nivel agregado de desempleo sobre la oferta de trabajo en las PDC para el contexto europeo. El conocimiento de la correlación del nivel de desempleo agregado sobre la oferta de trabajo en las PDC ofrece una visión preliminar sobre la reacción de la oferta ante la variación de las oportunidades en el mercado de trabajo tradicional. Este capítulo contribuye en la literatura mediante el empleo conjunto de los datos del Eurobarómetro para el periodo 2016 y 2018, permitiendo analizar la correlación entre la tasa de desempleo regional y la oferta de trabajo en las PDC. Nuestros resultados muestran que una reducción en la tasa de desempleo de un punto porcentual se asocia con un incremento de casi un 12% en la probabilidad de participar como oferente en las PDC. Así, sugiere que las oportunidades de trabajo en las PDC no sustituyen o desplazan a las oportunidades en los trabajos tradicionales, sino que ambas se comportan de un modo complementario. Esto contradice los estudios empíricos que sitúan al desempleo como el factor explicativo del crecimiento del trabajo en las PDC, aunque sí son congruentes con la literatura focalizada en Europa. Asimismo, el incremento de la oferta de trabajo explicada por la reducción de la tasa de desempleo está representada por personas empleadas, dedicadas al sector privado, mujeres y jóvenes. Considerando el impacto relativo del nivel de desempleo en función del valor medio de cada tipo de oferta en las PDC (si persigue una motivación principal/secundaria y se ejerce en mercados locales/digitales) los resultados indican que el aumento de la oferta se caracteriza en mayor medida por perseguir una fuente de renta primaria en mercados de carácter digital. En el cuarto capítulo, “Impacto redistributivo de una renta básica universal en Andalucía”, realizamos una la evaluación presupuestaria de implementación de una renta básica universal (RBU en adelante) en Andalucía, para determinar su cuantía económica y sus efectos sobre la desigualdad. Esta política presenta una creciente relevancia en los debates de la literatura como política económica correctiva de la desigualdad en el futuro del trabajo y la 4RI. Esta medida consiste en otorgar una asignación monetaria, por parte del Sector Público, a todos los miembros o residentes de un país o región, sin exigir ninguna contrapartida ni establecer requisitos socioeconómicos. Este estudio ofrece una evaluación de la viabilidad financiera del proyecto, con metodología y estimaciones ajustadas a la situación fiscal y social de Andalucía, junto al cálculo del impacto sobre la desigualdad en la región para el 2010, año de crisis y por tanto del escenario más pesimista. La simulación se realiza con datos de la muestra de declarantes y no declarantes en el IRPF del Instituto de Estudios Fiscales y la AEAT, junto a otras bases de datos que han servido para determinar las prestaciones monetarias que serían sustituidas con la implantación de la reforma, incluyendo las elaboradas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía; Instituto Nacional de Estadística; Junta de Andalucía; Ministerio de Empleo y Seguridad Social; y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La cuantía mensual de la RBU asciende a 625 euros, que corresponde al umbral de la pobreza en España en 2010. El análisis se plantea en dos escenarios diferentes. En el escenario uno, todos los residentes reciben esa cuantía, mientras que en el escenario dos, los mayores de edad perciben la misma cuantía que en el escenario uno, pero los menores de 18 años solo reciben un 25% de la RBU de los adultos, igual a 1.500 euros anuales. La medida se financia con el trasvase de fondos liberados por la eliminación de un conjunto de prestaciones monetarias junto a una reforma integral del IRPF, que consistiría en el establecimiento de un mínimo exento igual a la RBU y un único tipo del 49,5%. Por último, el cálculo exige que la reforma sea neutral desde la perspectiva presupuestaria. Los resultados muestran que el coste financiero de una RBU para 8.370.975 de residentes en Andalucía en 2010 sería asumible financieramente en el escenario dos, mientras que el escenario uno presenta déficit. Respecto a los resultados, la mayoría de la población de las 7 primeras decilas se encontraría en una situación mejor tras la reforma. La desigualdad, medida por el índice de Gini, supone una reducción de la desigualdad del 42%, teniendo en cuenta que los cálculos no incluyen a la población que no declara ni es objeto de retención de rentas; presumiblemente el grupo que saldría más beneficiado con la aplicación de una reforma de este tipo.
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