Thereza Cristina Coitinho das Neves
La presente tesis tiene por objetivo analizar la legitimidad de la política criminal brasileña, como ejemplo paradigmático del régimen mundial sobre las drogas ilícitas consolidado por la ONU, que logró globalizar las tendencias prohibicionistas estadounidenses y el modelo de war on drugs. La hipótesis central es que la política criminal sobre algunas drogas convertidas en ilícitas es ilegítima, ineficaz y costosa socialmente, siendo necesario (y urgente) el cambio de paradigma. Verificamos que la política criminal prohibicionista, construida sobre criterios moralistas, racistas e intereses político-económicos, nunca tuvo por objeto la protección a la salud pública, siendo completamente inepta para lidiar con la supuesta cuestión de fondo de los consumos problemáticos de drogas, violando los principios de lesividad y proporcionalidad. Más allá de las ilegitimidades sustanciales de toda política prohibicionista, la política criminal de drogas en Brasil es flagrantemente ilegítima en muchos aspectos, vulnerando una serie de principios y derechos fundamentales consagrados en su Constitución, que instituye el modelo del Estado Democrático de Derecho. En ese contexto, el marco democrático se encuentra eclipsado por los “marcos de facto” de la posmodernidad y posdemocracia, y justifica un régimen excepcional para el enemigo número uno de la sociedad, al paso que el Estado Penal de las drogas contribuye significativamente para la exclusión social planetaria. La política criminal bélica, además de no lograr contener la oferta de las drogas en la sociedad, genera incalculables costos sociales y en Brasil genera niveles de derramamiento de sangre que superan los de guerras oficialmente declaradas. Frente al panorama ilegítimo, violento y genocida, estudiamos las alternativas existentes y verificamos que la legalización regulada, al normalizar la práctica social universal de consumo de sustancias alteradoras de la consciencia, por medio de la prevención de riesgos y control de los mercados ya existentes, es el inevitable camino para una política de drogas más racional y democrática. Con base en ello, proponemos un “modelo de transición” para Brasil – desde la prohibición a la regulación – poniendo de relieve la necesidad de adaptar los postulados de la justicia transicional, con medidas de equidad y reparación social, que podrían ser aplicadas, inicialmente, en la regulación del cannabis. Considerando el retrasado estado del debate en el escenario político-legislativo brasileño, así como la flagrante vulneración de derechos humanos en este ámbito, sugerimos, a partir de una visión humanista crítica, propuestas inmediatas para la reducción de daños de la actual política criminal. Finalmente, señalamos que políticas públicas direccionadas al completo bienestar de los individuos deben estar siempre presentes, si queremos que permitan un buen manejo social de los consumos de drogas en desequilibrio, sean estas lícitas o ilícitas.
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