La imputabilidad del retraso en el pago de la prestación debida por el asegurador (art. 18 LCS). Las causas justificadas de la regla octava del art. 20 LCS. Análisis jurisprudencial

• Autores: Miguel Rojano García
• Directores de la Tesis: Manuel Jesús Díaz Gómez (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Huelva ( España ) en 2022
• Idioma: español
• Número de páginas: 560
• Materias:
  • Ciencias jurídicas y derecho
    • Derecho y legislación nacionales
      • Derecho mercantil
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: Arias Montano
• Resumen
  • español

    El presente estudio centra su base en una problemática jurídica tan específica como frecuente en la actividad mercantil y procesal ordinaria: el retraso del pago de la prestación debida por el asegurador, del art. 18 LCS. Específica, pues se circunscribe a un ámbito material del derecho muy particular: el derecho de seguros, perteneciente, a su vez, a la gran rama que es el derecho mercantil. Y frecuente, por cuanto el hecho controvertido que versa sobre los particulares daños y perjuicios que surgen como consecuencia del retraso incurrido, se presentan como algo habitual (de forma única o acompañado de otros) en cualquier juicio declarativo y en cualquier jurisdicción, donde una aseguradora aparezca como demandada por incumplimiento en tiempo y forma de su obligación principal de indemnizar. La problemática se acentúa si tenemos en cuenta los siguientes factores: La perentoriedad de cubrir el riesgo objeto del contrato de seguros. De acuerdo con el art. 1 LCS, la finalidad genética del contrato de seguros no es otra que ‘’indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas’’, en caso de que ‘’se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura’’ (sic. art. 1 LCS). Y ha de hacerse, no de cualquier forma, sino con carácter inmediato, de conformidad con los abreviados plazos que establecen los arts. 18 y 20 LCS (eventualmente el art. 38 LCS en caso de mediar proceso pericial; o el art. 9 LRCSCVM, en el caso de este particular ramo). La razón de ser de esta celeridad reside en la súbita situación de precariedad en que queda el sujeto que sufre el siniestro. Así, independientemente de cómo se manifieste la merma patrimonial (seguros de bienes o personas), se precisa de fondos y/o de la ejecución de trabajos para restablecer la situación ex siniestro al mismo estado en que se encontraba antes de dicho evento (seguro de indemnización efectiva), o a la pactada ex ante en el contrato (seguro de sumas). En segundo lugar, no menos importante es la repercusión sistémica que tiene la actividad aseguradora en el desarrollo social y económico. Así, entre las bondades del seguro se encuentra la de neutralizar uno de los agentes antagonistas del desarrollo: la aversión al riesgo. Gracias a estos contratos dicho riesgo puede ser transferido a las compañías aseguradoras, que de acuerdo a criterios técnicos actuariales, lo socializan distribuyendo la carga negativa del mismo, de tal modo que el mismo venga a ser soportable por cada unidad asegurada. Sin embargo, para que esta teoría general funcione, las relaciones jurídicas en virtud de las cuales se teje el sistema asegurador, deben cumplir eficaz y prontamente su cometido: indemnizar el daño producido, y hacerlo de forma inmediata; si no fuera así, se perdería, en gran medida, la confianza que aspira instituir el seguro privado, y los agentes económicos no emprenderían sus actividades del mismo modo, por temor a soportar un daño patrimonial que no viniera a ser resarcido. Considerando estas dos coordenadas, es dable pensar que una norma susceptible de neutralizar la pronta indemnización (regla octava del art. 20 LCS), pudiera provocar un efecto relajación en el asegurador, comprometiendo, en consecuencia, la naturaleza y finalidad del seguro. Por esta razón, el presente estudio, previo analizar las bases teóricas y técnicas moratorias del régimen jurídico aplicable, se centra en observar y analizar el nivel de tolerancia liberatoria que despachan los tribunales de justicia ante este tipo de hechos controvertidos.

  • English

    This study is based on a legal issue as frequent as specific in commercial and procedural law: the delay in the payment of the insurance due by the insurer. Art. 18 of the Spanish Insurance Contract Act (LCS). This issue can be described as specific given that it is confined to a very particular area of law: insurance law, which belongs to the field of commercial law. At the same time, it can also be depicted as frequent because it deals with the controversial subject of assessing the damages caused as a consequence of this delay, which is a recurring problem —alone or accompanied by others— in any declaratory judgment and in any jurisdiction where there is a defendant insurance carrier sued for non-compliance, either in time or form, of its main obligation: to indemnify. This problem increases if we bear in mind the following elements: The urgency to cover the risk to which the insurance contract applies. According to the 1st Art. of the LCS, the purpose of the insurance contract is to indemnify, within the agreed limits, the damage suffered by the insured or to provide with resources, annuity or any other accorded benefits if the event that causes the covered risk eventually happens. (section 1. Art. 1 LCS). This must be accomplished immediately, in accordance with the deadlines established by the Art. 18 and 20 of the LCS. (Occasionally art. 38 LCS in the case of expert’s proceedings or art. 9 LRCSCVM in the case of this specialism). The reason for this celerity lies in the unexpected and precarious situation of uncertainty in which the victim is left. Thus, regardless of how the lessening of assets is manifested, (property or personal insurance) funds or work are required in order to restore the situation to the one existent before the catastrophe or to the ex-ante agreed in the contract. In second place, the systematic impact that insurance activity has on social and economic development must also be considered. Thus, one of the benefits of having insurance coverage is to minimize the fear of risk, which is considered to be a blockage in development. Thanks to these contracts, risk can be assumed by insurance carriers, which according to actuarial criteria, distribute risk’s negative burden in a way that it becomes bearable for the insured. Nevertheless, for this theory to work, legal relationships which shape the insurance system must be effective. That is to say to indemnify the insured to cover the damage immediately. Otherwise, the trust deposited in this private insurance company would be subsided. Furthermore, potential clients would not undertake commercial activities that may involve risk in fear of suffering financial damage that would not be compensated. Weighing up these two points, it can be thought that a rule which is likely to interfere with the rapid payment of the insurance (8th rule of Art. 20 LCS), might cause the insurance carrier to relax, thus compromising the nature and the purpose of the insurance service. For this reason, this current study, before analising the theoretical and technical bases of the legal system, focuses on observing and evaluating the level of discharging tolerance that Courts of Justice presents in the face of these problematic situations.