Régimen jurídico administrativo de la movilidad urbana inteligente: retos ante la transición ecológica y digital
- Autores: José Alberto España Pérez
- Directores de la Tesis: Isabel González Ríos (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad de Málaga ( España ) en 2022
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Fernando López Ramón (presid.), Maribel Canto López (secret.), José Francisco Alenza García (voc.)
- Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Málaga
- Materias:
- Enlaces
- Tesis en acceso abierto en: TESEO
- Resumen
La ciudad inteligente (smart city) impone un nuevo concepto de movilidad, más respetuoso con el medioambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. La llamada smart mobility (movilidad inteligente) constituye su principal bastión al aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones en su aplicación a los desplazamientos. Mediante la incorporación de modernas técnicas a la movilidad se redunda en el cumplimiento de los compromisos gubernamentales contra el cambio climático que señalan al transporte como principal factor de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Por ello, esta Tesis Doctoral aborda el régimen jurídico de la movilidad (entendida como concepto más general que incluye todo tipo de desplazamientos ya sean en vehículo o a pie) urbana (que se da en la ciudad) inteligente (basada en la digitalización), desde la óptica de las dos transformaciones que tiene pendiente (según se deduce de las diferentes políticas públicas): la medioambiental y la digital. Ambas se interrelacionan, ya que un sistema digitalizado ayudará a una gestión y utilización más eficiente de los sistemas de transporte y movilidad, así como, de sus infraestructuras.
En este sentido, la digitalización del transporte y la movilidad inteligente puede dar respuesta a los retos que plantea la movilidad en el siglo XXI, marcados por cambios a escala internacional como la necesidad de descarbonizar la economía, luchar contra el calentamiento global y aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías para conseguir esos objetivos. Así, se analizan los diferentes desafíos a encarar para que las Administraciones públicas orienten las políticas públicas en movilidad y transporte hacia la eficiencia y la descarbonización. Esta nueva forma de proceder encierra un sinfín de oportunidades que pueden revolucionar el sector tal y como lo conocemos hoy en día, en aras de su neutralidad climática.
Para ello, se analiza el marco normativo existente en el transporte inteligente y urbano sostenible, así como, dos instrumentos que inciden en la sostenibilidad del sistema de transporte. En primer lugar, el vehículo eléctrico, ya que es una de las principales apuestas resaltada por los planes y estrategias climática y de eficiencia energética. Y, el teletrabajo, por su impulso durante la crisis sanitaria de la COVID-19 al reducir los desplazamientos que, por motivos laborales, contribuyendo a evitar poner un coche particular en circulación.
Un aspecto esencial para lograr la sostenibilidad del sistema reside en la planificación del transporte y la movilidad en relación con la planificación urbanística. La articulación de los diferentes planes de infraestructuras de transporte y de los planes de movilidad urbana sostenible con el planeamiento urbanístico puede ayudar a lograr un sistema de transporte y movilidad más respetuoso con el medioambiente. Junto a ello, el dominio público local (como son las vías urbanas municipales) pueden contribuir a la consecución de una movilidad urbana que ampare nuevas formas de desplazamientos por las ciudades en función de las competencias que ostentan los municipios.
Por último, la digitalización del transporte y el desarrollo de estrategias de movilidad inteligente se basan en la recolección de datos personales de sus usuarios para prestar servicios personalizados e intuitivos. Esto reporta grandes ventajas para el particular y para la Administración pública que va a poder usar esa información para una mejor gestión y planificación de sus políticas de movilidad y transporte. Pero encierran grandes riesgos, principalmente, desde la perspectiva de la protección de los datos personales. Así, se profundiza en esta problemática jurídica para encontrar mecanismos válidos que respeten las garantías constitucionales.
