Resumen de La constitucionalización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: análisis comparado de los textos constitucionales de América Latina, Caribe y España
El propósito de esta tesis es ofrecer un análisis comparado del tratamiento de los DDSSRR en 21 textos constitucionales en vigor en el ámbito regional de América Latina y el Caribe y la propia Constitución española, a la luz de los diferentes enfoques del iusfeminismo.
El reconocimiento constitucional de los derechos y libertades de las mujeres permiten otorgar a los mismos la fuerza normativa propia de una norma definida, comúnmente, como Suprema. Dota a dichas disposiciones de especial rigidez frente a las frecuentes mutaciones legislativas o gubernamentales o ante la puntual interpretación de los tribunales garantes de la adaptabilidad y coherencia de las diferentes constituciones.
La transformación política que supone que, los tradicionalmente considerados deberes sexuales y reproductivos pasen a considerarse derechos de tal índole, ineludiblemente requiere que las mujeres pasen de la condición de objetos a ostentar la de sujetos, con los derechos que asisten a tal condición. Por ello, la posición constitucional de las mujeres, en tanto sujetos políticos, así como la incorporación de la transversalidad de la perspectiva de género en el diseño y contenido de los textos constitucionales, son aspectos que dan cuenta de la construcción no androcéntrica del orden político y, con ello, de la posición de las mujeres en tanto sujetos políticos. La explotación sexual y reproductiva de las mujeres requiere y se acompaña de un tratamiento y consideración en tanto objetos. Por el contrario, el reconocimiento de la autonomía y libertad de las mujeres son derechos que emanan del respeto y dignidad como sujetos. En suma, no es posible abordar la evolución de los deberes a derechos sin analizar la transformación de la consideración de las mujeres de objetos a la de sujetos.
Por ello, el análisis incluye las disposiciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres, como condición de posibilidad del ejercicio de los primeros.
Porque no es posible abordar el ejercicio o el reconocimiento real de los derechos sexuales y reproductivos (DDSSRR) sin tener en consideración la igualdad como valor y como derecho, las condiciones de posibilidad o la posición de las mujeres como sujetos políticos. La inclusión de dichas categorías en el análisis permite conocer el grado de simetría relacional, el tratamiento y la posición específica de las mujeres como sujetos en los distintos textos constitucionales y el grado de compromiso de los Estados en la promoción o remoción de los obstáculos que impiden la igualdad real entre mujeres y hombres.
Todo ello explica que se examinen, como parámetro de coherencia en democracias supuestamente igualitarias, el tratamiento de siete indicadores en los textos constitucionales que dan cuenta de la posición de las mujeres como sujeto político como: el lenguaje inclusivo, la configuración de la igualdad entre mujeres y hombres como valor superior del ordenamiento jurídico, en su contenido formal, material, el principio antidiscriminatorio, la igualdad salarial y la presencia o paridad en puestos que comporten poder, suponiendo por tanto condiciones de posibilidad pera el reconocimiento de los DDSSRR En suma, los Derechos Sexuales y Reproductivos, pese a su consideración de derechos individuales, requieren para su ejercicio un contexto donde los derechos políticos, civiles, económicos, culturales y sociales de las mujeres y niñas permitan una condición de posibilidad de su autodeterminación sexual y reproductiva.
La incorporación de la transversalidad de la perspectiva de género en el diseño y contenido de los textos constitucionales se presenta así, como un requisito ineludible si se pretende corregir la consideración del androcentrismo como neutralidad y eliminar la desigualdad que del mismo emana Por último también se incluye en el análisis, otras disposiciones conexas vinculadas al ejercicio y Contenido de los DSSRR, como es el caso de la constitucionalización de la titularidad del derecho a la vida, el reconocimiento de los diferentes modelos familiares, la corresponsabilidad y protección a la familia o disposiciones que contemplan la lucha contra la violencia sexual o la trata de mujeres con fines de explotación sexual en el marco de lo contemplado en materia de violencia de género. En la medida que la violencia contra las mujeres es una expresión extrema de la jerarquía sexual y la discriminación contra ellas.
