Resumen de Los delitos de tránsito en Iberoamérica hacia una norma común y un sistema alternativo de pruebas de embriaguez
- español
El informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), referido a los accidentes de tránsito superaba en 2016, último año con datos, los 150.000 fallecidos manteniéndose prácticamente estable en 2015-2016 por cada 100.000 habitantes. Aproximadamente el doble que Europa. Las advertencias y recomendaciones de la OMS, a través del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, 2011–2020, motivó a numerosos países de la zona a promulgar o modificar normas de seguridad vial para paliar aquellas consecuencias. No obstante, la evaluación del desarrollo del plan puso de manifiesto el problema de cumplimiento irregular o poco efectivo de las normas. Entre otros factores destacaba la calidad de la norma y la escasez de medios para hacerla cumplir. En este trabajo se pretende dar respuesta a estas deficiencias en dos vías de actuación: Una de orden jurídico mediante el análisis de las normas vigentes en los países de la región objeto de estudio, en tres aspectos fundamentales como son la regulación del homicidio y las lesiones imprudentes cometidas en el uso de vehículos, los controles de alcohol y/o drogas, por ser esta una de las causas con mayor prevalencia en el origen de siniestros viales, y la tercera el análisis de la organización policial en materia de tránsito como instrumento esencial para el control del mismo. El resultado de la compilación de estos datos ha servido para elaborar una propuesta de norma común asumible por los estados de la zona, incluidos en este estudio: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La norma propuesta contiene preceptos de orden penal, en cuanto describen conductas que atentan directamente a la vida o integridad física de las personas. En unos casos atendiendo al resultado lesivo causado, en otros describiendo conductas de riesgo, siguiendo las tesis más modernas en el derecho penal internacional, que implican adelantar las barreras de protección mediante la persecución de actitudes peligrosas en el uso de vehículos, como método más eficaz para reducir la siniestralidad que fundamenta los principios del Decenio de Acción acordados en el seno de la OMS. Pero, como bien se dice en el informe antes citado, la cuestión no es únicamente la existencia de normas reguladoras, sino remover los obstáculos para que su aplicación sea eficaz, por ello se incluyen en este trabajo normas de carácter procesal en cuanto a las pruebas a realizar, y de organización y capacitación policial. La otra vía de actuación tiene carácter técnico. A la vista de la limitación de medios que impone la situación económica de algunos países de la zona, que obliga a priorizar las inversiones, por razones obvias de atender las necesidades más básicas de determinados sectores de la población, así como el alto coste que supone la creación de las estructuras elementales de países en desarrollo, es necesario ofrecer alternativas para la solución de los problemas que genera el tránsito, minimizando los costes con la finalidad de no postergar la seguridad de los ciudadanos en sus desplazamientos por causas económicas. Una segunda propuesta de este trabajo consiste en la elaboración de un sistema alternativo de pruebas de alcohol y/o drogas cuando se carece de los dispositivos técnicos adecuados. La prueba, que se basa en la observación y valoración de los signos externos de un conductor afectado por tóxicos, debe suprimir las apreciaciones subjetivas de los agentes policiales encargados de la vigilancia, para lo que necesitarán una capacitación previa adecuada y específica, y un refuerzo de las garantías por exigencia del principio de seguridad jurídica, haciendo un correcto uso de las nuevas tecnologías. La legislación utilizada en este trabajo es la vigente a 1 de septiembre de 2021.
- English
The report of the Pan American Health Organization (PAHO) with regards to traffic accidents in 2016, being this one the last year with available data, exceeded 150,000 deaths, remaining practically stable at 15-16 per 100,000 inhabitants. Approximately double than Europe. The warnings and recommendations of the WHO, through the Decade of Action for Road Safety (2011-2020), motivated many countries in the area to enact or modify road safety regulations to alleviate those consequences. However, the evaluation of the development of the plan revealed the problem of irregular or ineffective compliance with the rules. Among other factors, the quality of the standard and the scarcity of means to enforce it stood out. This paper aims to respond to these deficiencies in two ways of action: One of a legal nature through the analysis of the regulations in force in the countries of the region under study, in three fundamental aspects such as the regulation of homicide and reckless injuries committed in the use of vehicles, alcohol and / or drug controls, because this is one of the causes with the highest prevalence in the origin of road accidents, and the third the analysis of the police organization in matters of traffic as an essential instrument for the control of the same. The result of the compilation of these data has served to elaborate a proposal for a common standard acceptable to the states of the area, included in this study: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela. The proposed rule contains criminal precepts, in that they describe conduct that directly threatens the life or physical integrity of people. In some cases, taking into account the harmful result caused, in others describing risky behaviors, following the most modern theses in international criminal law, which involve advancing the barriers of protection through the prosecution of dangerous attitudes in the use of vehicles, as the most effective method to reduce the accident rate that bases the principles of the Decade of Action agreed within the WHO. But, as is well stated in the aforementioned report, the issue is not only the existence of regulatory standards, but to remove the obstacles for their effective application, which is why procedural rules are included in this work regarding the tests to be carried out, and police organization and training. The other way of action is of a technical nature. Taking into account the limited resources imposed by the economic situation of some countries in the area, which requires priority to be given to investments, for obvious reasons of meeting the most basic needs of certain sectors of the population, as well as the high cost of creating the elementary structures of developing countries, it is necessary to offer alternatives for the solution of the problems generated by traffic, minimizing costs in order not to postpone the safety of citizens in their displacements for economic reasons. A second proposal of this work is the development of an alternative system of alcohol and/or drug testing when the appropriate technical devices are lacking. The test, which is based on the observation and assessment of the external signs of a driver affected by toxics, must suppress the subjective assessments of the police officers in charge of surveillance, for which they will need adequate and specific prior training. And a reinforcement of the guarantees by requirement of the principle of legal certainty, making a correct use of the new technologies. The legislation used in this work is the one in force on September 1, 2021.
