Resumen de El principio de la buena administración del Estado: principios e instituciones que permiten su comprensión en el ordenamiento jurídico colombiano

Camilo José Orrego Morales

• Las tesis aborda la buena administración del Estado como un principio del derecho administrativo a partir de su análisis desde las perspectivas que ofrece el horizonte de la tradición jurídica de la que emerge, así como del que ofrece la mirada multilateral o convencional, para alcanzar la comprensión de su concepto y elementos estructurantes en la era de la sociedad del conocimiento, y los retos que entraña para la promoción y efectividad de los derechos de las personas el quehacer público, en un contexto donde el imperio del derecho y la moralidad administrativa resultan en un imperativo de la función administrativa, en el contexto del régimen del Estado Social de Derecho colombiano y las particularidades propias de su sistema jurídico.

  Posteriormente la investigación analiza cómo este marco axiológico y de principios se hace positivo en el ordenamiento jurídico colombiano de una manera propia: desagregada en lo normativo pero convergente en torno al principio, del que emanan un catálogo de derechos y deberes y mecanismos procesales que orientan la relación de la administración con las personas.

  La investigación analiza como instituciones como el daño antijurídico, la interpretación vinculante a partir de un sistema de precedentes y la acción de repetición materializan de manera particular la buena administración del Estado en Colombia.

  Finalmente, la tesis plantea, a partir de la comprensión de la buena administración del Estado un modelo para la administración pública colombiana con un centro antropocentrista del que emergen dos pilares que sostienen la arquitectura del quehacer público: el imperio del derecho y la promoción de derechos en torno a los cuales gravitan cuatro grandes principios de la buena administración del Estado: la efectividad de los derechos, la responsabilidad del Estado, interdicción de la arbitrariedad, y la juridicidad o legalidad del quehacer público.