El derecho a la progresividad

• Autores: Néstor Javier Calvo Chaves
• Directores de la Tesis: Helton David Gutiérrez González (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Libre (Colombia) ( Colombia ) en 2021
• Idioma: español
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: hdl.handle.net
• Resumen
  • español

    Con la Constitución Política de Colombia de 1991 se adopta la concepción de Estado constitucional, social, democrático y ambiental de derecho, ampliándose la carpeta de derechos constitucionales y los mecanismos para su protección. Tal situación otorga mayores responsabilidades a las autoridades en la tarea de realización paulatina de dichos derechos y, en particular, fortalece la actividad del juez en la interpretación jurídica y la protección efectiva de los derechos constitucionales, lo que ha significado en la práctica diferencias con otras autoridades estatales, ya que se considera que las decisiones judiciales entorpecen las competencias de las mencionadas autoridades, extralimitando las facultades constitucionales y colocando en riesgo la viabilidad del Estado. Los órganos administrativos soportados en las dificultades presupuestales critican entonces los alcances de las decisiones judiciales y se promueven cambios normativos que tienen como propósito la reducción de los compromisos frente a los derechos constitucionales. Esta investigación se propone establecer la naturaleza jurídica del denominado principio de progresividad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales –PP y no R de los DESC, como norma jurídica en materia del control de constitucionalidad e interpretación de los derechos constitucionales en Colombia. Bajo ese marco se pretende analizar cómo el DIDH y la Constitución Política de 1991 enuncian la responsabilidad del Estado en la progresividad de los mencionados derechos; examinar cómo la jurisprudencia en Colombia ha interpretado y aplicado dicha obligación; y determinar el significado y alcance de los enunciados normativos sobre la progresividad de los derechos. La importancia del estudio radica en las tensiones que han surgido entre las diferentes ramas del poder público, dando lugar a que la administración pública haya promovido reformas normativas que reducen las responsabilidades del Estado en la materialización de los derechos constitucionales como respuesta a las decisiones judiciales que han ampliado de manera progresiva dichos derechos.

  • English

    With the Political Constitution of Colombia of 1991 the conception of constitutional, social, democratic and environmental State of law is adopted, expanding the portfolio of constitutional rights and the mechanisms for their protection. Such a situation gives the authorities greater responsibilities in the task of gradually realizing these rights and, in particular, strengthens the activity of the judge in the legal interpretation and effective protection of constitutional rights, which in practice has meant differences with other State authorities, since judicial decisions are considered to hinder the powers of the aforementioned authorities, exceeding the constitutional powers and placing the viability of the State at risk. The administrative bodies endured by budgetary difficulties then criticize the scope of judicial decisions and normative changes are promoted whose purpose is to reduce commitments to constitutional rights. This research aims to establish the legal nature of the so-called principle of progressivity and non-regressivity of economic, social and cultural rights –PP and not R of ESCR, as a legal norm regarding the control of constitutionality and interpretation of constitutional rights in Colombia . Under this framework, it is intended to analyze how the IHL and the 1991 Political Constitution state the responsibility of the State in the progressiveness of the aforementioned rights; examine how the jurisprudence in Colombia has interpreted and applied said obligation; and determine the meaning and scope of the normative statements on the progressiveness of rights. The importance of the study lies in the tensions that have arisen between the different branches of public power, giving rise to the public administration having promoted normative reforms that reduce the responsibilities of the State in the materialization of constitutional rights in response to judicial decisions that they have progressively expanded these rights.