La inmunidad parlamentaria se ha recogido en la Constitución española de 1978, siguiendo una práctica habitual en el ámbito constitucional español y europeo. Sin embargo, la inmunidad es una prerrogativa que ha sido cuestionada por obsoleta e inadecuada en el Estado Democrático de Derecho. La doctoranda se propone, en ese contexto, analizar la normativa procesal, la ley de Enjuciamiento Criminal y la Ley sobre jurisdicción y Procedimientos especiales en las causas contra Senadores y Diputados , y su adecuación al texto constitucional. En particular , si dicha normativa puede implicar una vulneración del Principio a la igualdad y del Derecho a la tutela judicial efectiva. Para ello, se ha servido fundamentalmente de la abundante doctrina publicada al respecto y del estudio de las Sentencias de nuestro Tribunal Constitucional. De su desarrollo se desprende la conclusión de que la regulación sobre la materia deberían en parte entenderse derogada por la entrada en vigor de la Constitución.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados