El modelo de Estado de Derecho que nos acoge, quedaría incompleto si el cuadro obligacional del personal funcionario no se rematara con el establecimiento de un sistema de responsabilidad que trate de responder y, en su caso, corregir aquellos comportamientos contrarios al régimen de prestación de servicios establecido y que en la medida que suponen una disfuncionalidad en la organización administrativa pueden llegar a ascender y menoscabar su finalidad última: la genérica satisfacción del interés general, el interés de los ciudadanos
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