El procedimiento administrativo de la Administración Europea: de la regulación sectorial a la construcción de un régimen general

• Autores: Susana Viñuales Ferreiro
• Directores de la Tesis: Jesús Angel Fuentetaja Pastor (dir. tes.)
• Lectura: En la UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia ( España ) en 2015
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Enrique Linde Paniagua (presid.), Oriol Mir Puigpelat (secret.), Gilles J. Guglielmi (voc.)
• Materias:
  • Ciencias jurídicas y derecho
    • Teoría jurídica y métodos generales
      • Jurisprudencia
    • Derecho y legislación nacionales
      • Derecho administrativo
      • Derecho constitucional
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: hdl.handle.net
• Resumen

  • La presente tesis tiene por objeto defender la necesidad de acometer en el Derecho europeo una regulación uniforme del procedimiento administrativo al servicio de la Administración europea (Instituciones, órganos y organismos de la Unión) para la aplicación directa del Derecho de la Unión.

    Para su defensa ha sido necesario ofrecer una visión de conjunto sobre la situación actual del procedimiento administrativo en la Unión Europea (en el Derecho positivo originario y derivado), analizar el impacto que sobre el mismo tiene la constitucionalización del derecho a una buena administración (art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), y descender al análisis exhaustivo de algunos de los procedimientos sectoriales mas representativos, identificando sus virtudes y deficiencias.

    A través del estudio ha podido constatarse que, si bien las formas de organización de la actividad administrativa en la Unión Europea son diversas y complejas, cada vez son más numerosos los sectores en los que la aplicación del derecho de la Unión se confía a la Administración europea y, en consecuencia también más los procedimientos administrativos en los que, en especial la Comisión, aunque también determinadas agencias, juegan un rol esencial.

    Sin embargo, no existe en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea una norma general reguladora del procedimiento administrativo que se aplique de manera uniforme a toda la actividad ejecutiva directa de la Administración Europea. Ciertamente el Tribunal de Justicia ha llevado a cabo una labor fundamental en este campo al ir construyendo una serie de principios generales algunos de cuáles resultan de aplicación al procedimiento administrativo. También es cuantiosa la legislación sectorial con contenido procedimental, si bien al ser diseñada para su aplicación al campo material de que se trate es muy dispersa y carece de elementos homogeneizadores de los aspectos fundamentales del procedimiento administrativo.

    El estudio del Derecho sectorial de carácter procedimental (en materia de Derecho de la Competencia, de registro de marcas europeas, de medicamentos de uso humano y veterinario, de protección de obtenciones vegetales, etc). ha permitido poner de relieve las deficiencias detectadas (irregularidades, duplicaciones o vacíos normativos¿), proporcionando los elementos de juicio necesarios para fundamentar la crítica y posterior construcción de una norma general.

    La conclusión alcanzada a través de la investigación es que, tanto la acción jurisprudencial como las regulaciones sectoriales con disposiciones de procedimiento resultan insuficientes para una adecuada garantía de los derechos procedimentales de los particulares, mas aún cuando dichos derechos han adquirido rango constitucional bajo el parámetro del derecho a una buena administración.

    Todo ello viene a confirmar la tesis planteada: la funcionalidad del sistema administrativo europeo a día de hoy, hace ineludible una regulación homogénea, a través de un acto legislativo de alcance general (Reglamento), de los principios generales esenciales, derechos fundamentales y técnicas procedimentales básicas que deben regir todo procedimiento administrativo llevado a cabo en ejecución directa del Derecho europeo y dirigido a la adopción de una resolución con efectos directos sobre los derechos e intereses de los particulares (decisión), sean estos personas físicas o jurídicas (incluidos los Estados). Con ello se reforzaría el respeto de los derechos procedimentales de los administrados cuando se relacionan con la Administración europea, pero además permitiría una aplicación más eficaz del Derecho europeo y un mejor control de la actuación administrativa por los Tribunales de la Unión Europea.