El Reino Unido ha presenciado en las últimas décadas importantes transformaciones desde el punto de vista de su ordenamiento constitucional y así, en 1998 se sustanció el proceso de devolución competencial a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Tradicionalmente considerado como un Estado unitario, y todo lo más, proclive a un cierto regionalismo, el reconocimiento por parte de Westminster de la idiosincrasia de las diferentes naciones británicas ha sido muy significativo. El ámbito competencial otorgado a Escocia es sustancialmente diverso de los otros dos territorios, presenciado el modelo implantado en Irlanda del Norte dificultades considerables, como consecuencia de la tensa situación de naturaleza política que todavía hoy se vive en el Ulster.
Ahora bien, desde la perspectiva eclesiástica, la heterogeneidad de las relaciones entre el Estado y los grupos religiosos en las diversas naciones británicas ha sido una realidad durante siglos. Esa cualidad, inexorablemente, ha dado lugar a una variada gama de modelos de relación Iglesia/Estado, siendo entre ellos el galés el más reciente.
Sin lugar a dudas, el sistema de Derecho eclesiástico inglés es el que refleja en mayor medida la intervención de los poderes públicos en las cuestiones de índole religiosa. La religión anglicana es la oficial del Estado, por lo que constitucionalmente se reserva una función esencial a la Iglesia de Inglaterra. El Soberano británico es el Gobernador Supremo de la misma y a él compete el nombramiento de la jerarquía eclesiástica, propuesta a su vez por el Primer Ministro. Asimismo, los arzobispos y un número importante de obispos de dicha confesión aún hoy cuentan con representación en la Cámara de los Lores, si bien la reducción de su número parece inminente, a tenor de las últimas iniciativas gubernamentales. Junto a estos vínculos entre las autoridades estatales y la jerarquía eclesiástica, podemos encontrar manife
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