El planteamiento de esta tesis doctoral es realizar un análisis comparativo de las legislaciones audiovisuales desarrolladas recientemente en Argentina y España. Ambos países sancionaron una nueva normativa legal tras años arrastrando una política audiovisual creada al amparo de la dictadura, en el caso argentino, y tras la ausencia acusada de una ley que aglutinase el conjunto de normas dispersas existentes y en constante cambio en torno al audiovisual en el caso español. Asimismo, en los dos casos han sido gobiernos autodenominados de centro-izquierda los que han impulsado el debate y la gestación de estas nuevas disposiciones legales. El estudio se centra en concreto, en el análisis de la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de fecha 10 de Octubre de 2009 (LSCA), de Argentina y la ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual de fecha 31 de marzo, de España (LGCA), así como en el estudio de los procesos de formulación de ambas políticas.
El modo de producción de estas políticas audiovisuales, el policy making, en ambos países ha sido sustancialmente distinto: mientras en Argentina el debate ha movilizado a gran parte de la sociedad civil, en España tan solo los profesionales y las empresas involucradas, con un rol diferente a lo largo del proceso, se han hecho eco de la tramitación. El objetivo es estudiar si esta forma distinta de gestión en la fase del policy making deriva en una serie de diferencias sustanciales en las disposiciones finales de las nuevas normativas en lo que a desarrollo mediático se refiere, medidas a través de una batería de indicadores creados para este trabajo y basados en las propuestas realizadas por UNESCO (2008).
Se parte de la idea de que la elaboración de la política contemporánea de medios no es un modelo de transparencia y responsabilidad. No cabe duda de que a pesar de que es innegable que el número de ¿grupos de interés¿ en torno a la elaboración de políticas públicas ha crecido en los últimos años, la amenaza más grande a la transparencia en la elaboración de políticas deriva de la continua e íntima relación entre los intereses corporativos y los diseñadores de políticas del gobierno (Freedman, 2006). Siguiendo a Van Cuilenburg y McQuail (2003: 182): ¿el contenido específico de las políticas gubernamentales (o públicas) son un reflejo del trato hecho en un tiempo y lugar determinado y el balance de poder entre el gobierno y la industria¿. Lo que el estudio comparado va a permitir es conocer si realmente el proceso del policy making y las disposiciones finales se han acercado en ambos casos a lo que podría ser esta idea inicial, o por el contrario y en la línea de Freedman (2006) la participación pública y el debate parlamentario son marginados por una relación entre la industria y el gobierno que está marcada por su intimidad, falta de transparencia y objetivos compartidos.
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