La Tesis aborda uno de los temas clásicos del Derecho Administrativo a pesar del escaso interés doctrinal que el mismo ha suscitado, nos referimos a la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas, regulada en los artículos 145 y 146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y concordantes del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
El núcleo central del trabajo se circunscribe al estudio de las distintas clases de responsabilidad patrimonial en que pueden incurrir las autoridades y demás personal al servicio de la Administración, en el entendimiento de que cada uno de ellas presenta características y peculiaridades propias que exigen su tratamiento diferenciado.
Así, en primer lugar, la acción de regreso concebida legalmente en el art. 145.2 de la Ley 30/1992 parte del presupuesto de la cobertura por la Administración de los daños ocasionados por la actuación de sus funcionarios o agentes, debiendo aquella dirigirse frente al responsable siempre que su actuación sea dolosa, culposa o negligente graves. A pesar de ello, el ejercicio de la acción de regreso por parte de la Administración se encuentra prácticamente inédito en nuestro país. Por ello se ha tratado de indagar en las verdaderas causas que han abocado a la actual situación, pero también proponiendo soluciones que traten de enmendar el problema de la impunidad de que goza el personal al servicio de la Administración En segundo lugar, se ha abordado la responsabilidad de las autoridades y funcionarios por los daños causados en los bienes o derechos de la Administración contemplada en el art. 145.3 de la Ley 30/1992. Además del estudio en profundidad de todos los requisitos que determinan su exigencia, se ha querido poner de manifiesto la estrecha conexión existente entre la misma y la responsabilidad disciplinaria.
El trabajo concluye con el análisis de un supuesto específico de responsabilidad por daños a los bienes de la Administración, nos referimos a la responsabilidad contable, cuya regulación queda al margen de la contenida en la Ley 30/1992. Se ha analizado fundamentalmente el concepto de responsabilidad contable y las distintas vías previstas para su exigencia, especialmente de los expedientes administrativos de responsabilidad contable, mediante el estudio de la normativa aplicable y de la doctrina del Tribunal de Cuentas, que denotan la existencia de una serie de disfunciones tan importantes, que exigen un replanteamiento de los cauces previstos para su exigencia, e incluso, de su propia configuración legal.
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