Aunque los conocimientos y medios aplicados a la protección del medio ambiente ha experimentado una gran evolución en las últimas décadas, sus esfuerzos se muestran insuficientes para prevenir o paliar el efecto de las múltiples y graves agresiones que sufre nuestro entorno, en un proceso de deterioro que afecta a la integridad de los ecosistemas y a la salud humana en todo el planeta.
Así, pese a la exponencial evolución del derecho ambiental europeo orientado a prevenir los riesgos ambientales derivados de la actividad humana, a establecer medidas de protección específica de la biodiversidad y de sus elementos más vulnerables y a perseguir las agresiones ambientales, vivimos en un entorno cada vez más homogéneo, vulnerable e insostenible.
La actividad de los tribunales en defensa de los recursos naturales y la salud de las personas requiere de la coordinación de diversos colectivos profesionales. Esta actividad e interacción no ha sido objeto de un estudio criminológico detallado, que permita detectar sus debilidades y mejorar su eficacia en la defensa del medio ambiente y la persecución del delito ambiental. Pese a los esfuerzos realizados, la percepción social de impunidad y permisividad con respecto a este tipo de procesos judiciales elimina el efecto disuasorio, y por tanto preventivo, de futuras actuaciones delictivas.
La realización de este proyecto, permite integrar los conocimientos y aportaciones del derecho ambiental y la criminología a la definición y descripción de los delitos medioambientales, con el desarrollo y experiencia de la Ecotoxicología Forense y la Medicina Legal en la descripción de los daños y la estimación objetiva del riesgo de perjuicio. Este enfoque multidisciplinar enmarca este estudio en lo que se ha definido recientemente como Criminología de la Conservación (Gibbs, 2009) y constituye el primer estudio de estas características en nuestro país.
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